ESCUCHARPor Pilar Viqueira
Elizabeth Gómez Alcorta, ahora ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, presentó su renuncia el pasado viernes.
A horas de que la portavoz presidencial Gabriela Cerruti desmintió rumores sobre cambios en el Gabinete, Gómez Alcorta cerró su deslucida gestión, signada por contradicciones, con un berrinche ideológico.
Dejó su cargo denunciando violaciones de derechos humanos en el operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Río Negro, motorizado por fuerzas federales, en el que 12 personas fueron detenidas.
En la misiva que le cursó al presidente Alberto Fernández alegó que lo sucedido en la Patagonia es incompatible con los valores que defiende “como proyecto político”.
Fustigó el encarcelamiento de siete mujeres y apuntó al caso de una embarazada de 40 semanas.
Opinó que las medidas que se tomaron -dijo que la jueza subrogante Silvina Domínguez tuvo “responsabilidad directa”- ameritan “una respuesta política contundente” del Ejecutivo Nacional.
“En lo personal, siento que se ha transpuesto un límite”, sostuvo la ex abogada del polémico dirigente mapuche y prófugo de la Justicia Facundo Jones Huala.
Cuba y Saín
Gómez Alcorta dimitió luego de varias semanas de bajo perfil, que solo levantó para elogiar en su cuenta de Twitter la legislación del matrimonio igualitario en Cuba.
El gesto no pasó inadvertido y recibió críticas; en especial, porque no se pronunció sobre los escandalosos audios del ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor del Aníbal Fernández en la cartera nacional, Marcelo Sain, hablando, entre otras cosas, sobre una mujer detenida en plena cuarentena.
También se le recriminó que no hiciera referencia a la violenta represión de las protestas en Irán (que ya le costó la vida a más de un centenar de personas) luego del deceso de Mahsa Amini bajo custodia de la denominada Policía de la Moralidad, que la detuvo por no usar correctamente el velo.
El desempeño de Gómez Alcorta quedó bajo tela de juicio hace más de un año. El 8 de marzo de 2021, mientras los feroces hechos de represión en Formosa motivaban titulares en diarios del país y del mundo y generaban pedidos de interpelaciones y denuncias de la oposición y de organismos de derechos humanos, la letrada incurrió en una de sus tantas contradicciones.
Se acumulaban informes y advertencias sobre violaciones de garantías en suelo formoseño -incluidas las de embarazadas que, por las duras medidas dictadas por la cuarentena, huían de las autoridades por temor a ser separadas de sus hijos nacidos y por nacer- pero ella respaldó la presencia del gobernador Gildo Insfrán en la Casa Rosada, en el marco de los actos por el Día de la Mujer.
Allí, junto al presidente y el grueso de sus pares, Insfrán firmó el acta compromiso “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”.
Desentendida del cuadro de situación de Formosa, Gómez Alcorta, al igual que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, desempolvó sus credenciales de feminista y militante de los derechos humanos, esquivó las consultas de la prensa y calificó como “histórico” el anuncio de aquel pacto.
Horas antes del evento, mientras aún había detenidos en Formosa y se desconocía el paradero de varios jóvenes, la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado escandaloso.
Se limitó a decir “el uso desproporcionado de la fuerza policial en la represión de la protesta” no se justifica y le atribuyó lo sucedido a “la permanente campaña de desprestigio llevada adelante por los medios hegemónicos de comunicación sobre el Gobierno provincial”, al “constante boicot a las medidas sanitarias excepcionales” y al “uso político” de la oposición.
Los pedidos para interpelar a Pietragalla Corti se acumularon y, promediando marzo, se sumaron otros, que reclamaron que Gómez Alcorta y otra funcionaria que venía pasando desapercibida, Marisa Graham, defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, explicaran en el Senado qué acciones tomaron ante los atropellos gubernamentales en Formosa.
Manzur
Gómez Alcorta viajó a Tucumán en ese contexto; nuevamente, para estampar su firma en acuerdos, por la atención telefónica y el intercambio de estadísticas de denuncias por violencia de género.
Se reunió con el por entonces gobernador Juan Manzur, actual jefe de Gabinete, a quien había denunciado en marzo de 2019, antes de asumir como ministra, por obstaculizar el aborto a una niña violada por el novio de su abuela y avalar que le practicaran una cesárea, una acción que promocionó en sus redes personales y ante medios periodísticos, en su calidad de letrada.
Apenas aterrizó en Tucumán -que, junto a Jujuy, encabeza, según registros de 2020, el ranking nacional de femicidios- familiares y amigos de Paola Tacacho, la joven asesinada tras denunciar reiteradamente a quien le quitó la vida ante la Justicia local, emitieron un duro comunicado.
Expusieron que Manzur habilitó la jubilación del juez Francisco Pisa, a quien sindicaron como responsable del crimen, al aceptar su renuncia antes de que se discutiera su pedido de juicio político en la Legislatura.
Pisa sobreseyó al femicida, quien se quitó la vida cuando logró su cometido, en una de las causas que Paola promovió: más de 20.
“El acuerdo entre Justicia y poder político para que continúe la impunidad es obsceno”, consignaron también, valorando que la reunión entre la abogada y Manzur fue “una muestra más del cinismo gubernamental”.
“Nos llama la atención que usted, ministra, esté sentada con un aliado político que demuestra su misoginia con sus acciones”, le manifestaron los deudos de la joven a letrada.
Gómez Alcorta no recibió a la familia de Paola aunque su madre hizo un pedido de audiencia formal.
“¿Qué diferencias hay entre Paola Tacacho, Guadalupe Curual y Úrsula Bahillo? ¿Por qué realizó usted una denuncia penal para que se investigue a los funcionarios judiciales y del Ministerio Público Fiscal de Neuquén por el caso de Guadalupe, pero no accionó de la misma manera en el caso de Paola?”, plantearon los familiares y allegados de la víctima.
Sin resultado, le exigieron que interviniera y se comprometiera a colaborar para “empezar a depurar” las áreas provinciales que tuvieron en sus manos las denuncias de Paola.
Doble moral
Desde que se conoció que Manzur tendría un rol protagónico en el nuevo esquema ministerial, organizaciones feministas -incluso las alineadas con el Gobierno nacional, como Actrices Argentinas- manifestaron sus reparos.
Cabe recordar que junto con su predecesor, José Alperovich, enviado a juicio por presunto abuso sexual en perjuicio de una sobrina lejana, Manzur es responsable de que el Presupuesto de la Provincia de Tucumán sea escaso para paliar la violencia de género y de que la educación sexual integral brille por su ausencia.
Con la designación del tucumano formalizada, Gómez Alcorta optó por acatar; incluso, fue a su juramento, una decisión que le valió el repudio de diversos sectores.
Nuevamente, no acusó recibo y repitió el libreto de sus líderes políticos. Casi sola en un gabinete dominado por los machos alfa del peronismo, afirmó que la política de género y diversidad era “prioridad del presidente y de la vicepresidenta”.
A esa altura, sus inconsistencias no eran nuevas.
Poco antes de las PASO y de la derrota que desencadenó la crisis interna del Frente de Todos, que derivó en la cristalización de una grilla ministerial casi sin mujeres, María Eugenia Vidal la fustigó por su afinidad con el presidente de Perú, Pedro Castillo, conocido por sus posturas homofóbicas y conservadoras.
“No soporto la doble moral del Gobierno”, disparó la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional en un programa de televisión en el cual se abordó el pedido de diputadas oficialistas para que Fernando Iglesias fuera sancionado por supuestos tweets misóginos.
La afirmación de Vidal ocurrió en plena polémica por las visitas de modelos, actrices y entrenadores caninos a Olivos, en la fase más crítica de la pandemia, y antes de que trascendiera la foto del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez.
Vidal remarcó la incoherencia de la por entonces ministra, quien difundió una foto en la que se la veía, exultante, junto a Castillo, detractor del aborto, del matrimonio homosexual, de la eutanasia y del principio de reserva penal en materia de consumo de drogas.
En una entrevista durante la campaña, el peruano fue claro en sus posturas: “¿El matrimonio igualitario? Peor todavía (que la eutanasia). Primero la familia”, espetó.
El respaldo de Gómez Alcorta a Castillo se dio en sintonía con sus enredos ideológicos y su baja estima por la ecuanimidad en la función.
En su cuenta oficial de Twitter, la ex ministra de Diversidad persistió en homenajear a los impulsores de la Revolución Cubana, que encerró a homosexuales en campos de trabajo.
Sus posteos le valieron reproches de integrantes del colectivo LGTB, pero siguió dedicándole elogios al “Che” Guevara, quien cargó contra los homosexuales al considerarlos contrarios a su ideal de “hombre nuevo”, aquel que debía alzarse sobre el resto tras la revolución.
El guerrillero argentino también los tildó de “gente enferma” y -con la ayuda del también homófobo Fidel Castro- los persiguió y concentró en centros de detención en los que se leía, en el ingreso: “El trabajo los hará hombres”.
Según la lectura de Gómez Alcorta, Guevara y Castro, cultores del heterosexismo, lucharon “por un mundo más justo e igualitario”.
