ESCUCHAREn lo que va del año, la Justicia de Córdoba ha librado ocho medidas de cese de uso de software ilegal contra empresas en las que se comprobó, por vía judicial, la utilización de programas de computación sin licencias. En algunos de estos casos, incluso pudo acreditarse que tenían programas instalados por un valor de US$ 70.000.
Asímismo en otros casos se dispuso el embargo de fondos con el objetivo de asegurar la indemnización que corresponde abonar por el uso y la reproducción indebida, que afecta el derecho de propiedad intelectual de los autores.
Este tipo de medidas, ya aplicadas en Córdoba, Mendoza y Capital Federal obligan al demandado a abstenerse de utilizar los programas que están instalados, sin sus licencias respectivas y sin la necesidad de esperar el dictado de la sentencia ya que obran como medidas cautelares y tiene como fundamento evitar que quien ha lucrado y aprovechado los derechos de terceros, siga beneficiándose en el tiempo con el trabajo ajeno.
Normativa
Ésta es una medida que garantiza la efectiva tutela judicial de la propiedad intelectual, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional y en el artículo 79 de la ley 11723, que faculta a los jueces para decretar medidas precautorias, “que sirvan para proteger eficazmente los derechos que ampare esta ley”.
En similar sentido, el artículo 50 del Acuerdo TRIPS (aprobado por la ley 24425) dispone que “las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces destinadas a evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual” y los Códigos Procesales Provinciales a través de las medidas cautelares innovadoras.
