Dictaminaron a favor del cese o suspensión de actividades de prospección sísmica y petrolíferas

La representante del MPF de Mar del Plata estimó que corresponde dictar las cautelares solicitadas en una causa generada por dos acciones de amparo interpuestas contra medidas del Gobierno nacional

Al pronunciarse en el marco de la causa por dos acciones de amparo interpuestas por un ciudadano y la ONG Ambientalistas Autoconvocados, la titular de la Fiscalía Federal Número 1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó en favor de conceder las medidas cautelares que solicitan el cese y/o suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y trabajos vinculados frente a las costas del partido de General Pueyrredón.

Todas esas tareas fueron autorizadas por el Gobierno nacional -mediante el decreto 900/21- y aprobadas por la resolución 436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en la materia, nacionales e internacionales.

Las presentaciones de los actores, respecto de las cuales la agente Mazzaferri consideró que cumplen los presupuestos legales para habilitar la instancia federal, contienen diferentes pretensiones pero coinciden al denunciar la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

Las presentaciones de los actores -un ciudadano y una ONG- contienen diferentes pretensiones pero coinciden al denunciar la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

En el caso de la acción iniciada por el ciudadano, solicitó la suspensión de las actividades de exploración sísmica hasta tanto se obtenga la declaración de impacto ambiental, garantizando el acceso a la información pública relacionada con aquélla y la efectiva participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental, en los términos del Acuerdo de Escazú, y en la toma de decisiones.

También pidió que se les dé intervención a las universidades nacionales de Mar del Plata, del Centro de la Provincia de Buenos Aires y de La Plata, y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto correspondientes.

Las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y trabajos vinculados frente a las costas del partido de General Pueyrredón fueron autorizadas mediante el decreto 900 y aprobadas por la resolución 436 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Por su parte, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados interpuso un hábeas corpus colectivo que fue rechazado por el juez de primera instancia, aunque luego la Cámara Federal de Apelaciones marplatense ordenó reconducir la acción como un amparo, con intervención de la Justicia federal civil. La ONG alertó sobre “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de Ballenas Franca Austral” por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas sobre la cuenca norte del mar Argentino.

En sus dictámenes, la fiscala Mazzaferri consideró configurados los presupuestos para el otorgamiento de la medida cautelar requerida, en tanto se había argumentado correctamente sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora pues la resolución recurrida, que ha autorizado las prospecciones sísmicas, se habría dictado sin la intervención de un organismo que, conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos, debía ser consultado de manera obligatoria, teniendo en cuenta el carácter de monumento natural de la ballena franca-austral, a lo que se suma la alegada falta de debido acceso de todos los ciudadanos a los informes de impacto ambiental utilizados, así como la realización de todos los estudios adecuados requeridos, por lo que solicitó que se hiciese lugar.

Diferencias

La fiscal afirmó también que más allá de sus diferencias ambas acciones atienden a la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con la exploración y eventual explotación, que contemple además todos los ribetes potencialmente dañosos de la actividad denunciada, todo lo cual confluye en el objetivo compartido de que se invalide la resolución 436/2021, de la cartera de Ambiente, por lo que propició el trámite conjunto de ambas acciones.