Dictaminan que se rechace un amparo que cuestionó la vacunación obligatoria

Los actores presentaron su demanda por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad. Cuestionan con diferentes argumentos el calendario previsto por la ley 27491 y la aplicación del fármaco que debe inmunizar contra el coronavirus

La titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, La Pampa, Iara Silvestre, dictaminó en contra de que prospere un amparo dirigido contra el Estado Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación, para que no se aplique el calendario de vacunación obligatorio previsto en la ley 27491 y el fármaco que debe inmunizar contra el covid-19. [privado]

La agente postuló que de la demanda no surge la existencia de “caso o conflicto alguno” que amerite la intervención de la judicatura para su resolución.

En ese sentido, consideró improcedente la medida cautelar peticionada por la parte actora, que solicitó la inaplicabilidad de la legislación, al entender que no acreditó “siquiera mínimamente” los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

“Como ha sido planteada la acción, lo que se pretende es que se juzgue la oportunidad, mérito y conveniencia de las políticas públicas relativas a la protección de la salud de la población, cuestiones ajenas al escrutinio del Poder Judicial, de conformidad al principio republicano que emana de los artículos 1 y 5 de la Constitución”, señaló Silvestre.

Sobre la vacuna contra el coronavirus, los amparistas cuestionaron que se pretenda “hacer una aplicación obligatoria, que por el momento se trata de un intento de hecho, con constantes idas y venidas en las declaraciones de las máximas autoridades públicas nacionales como provinciales”

Además, opinó que se le debía dar intervención en el amparo al Ministerio Pupilar, dado que los actores accionaron por derecho propio y en representación de su hija e hijo menores de edad.

A su turno, los amparistas reclamaron que se declarara la institucionalidad de la ley 27491 y de “toda otra similar y con el mismo propósito, tanto nacional como local”; en suma, pidieron que no se les ponga ninguna vacuna sin su autorización expresa.

Idas y venidas

Por otro lado, aludieron a la vacuna contra el coronavirus y cuestionaron que se pretenda “hacer una aplicación obligatoria, que por el momento se trata de un intento de hecho, con constantes idas y venidas en las declaraciones de las máximas autoridades públicas nacionales como provinciales”.; es decir, rechazaron la posibilidad de recibirla compulsivamente.

La fiscal indicó que la argumentación de los reclamantes “discurre principalmente en relación a la vacuna contra el coronavirus” y “sus consecuencias desconocidas para la salud”, ya que consideran que es un “despropósito” implementar un programa de inmunización masivo.

Reseñó que también criticaron “lo acotado de los plazos otorgados a las distintas fases de investigación”; “el alto nivel de fracaso de las vacunas” y “la baja mortalidad del virus y lo poco que se conoce de él”, y que alegaron que es necesario “prevenir el totalitarismo” que implica que “el Estado se adueñe del cuerpo humano” y compararon lo que definieron como “experimentos médicos con seres humanos, a la manera de los criminales nazis”.

Genérica

Para Silvestre, los actores pretenden “una declaración de inconstitucionalidad genérica” de la ley 27491 sin haber acreditado vulneración alguna de sus derechos .

Con relación a la vacuna contra el covid-19, señaló que los actores se limitaron a hacer “alegaciones genéricas respecto de su derecho a la libertad, autonomía de la voluntad y elección del plan de vida” pero no dieron razones concretas acerca de cómo la política pública de lucha contra aquella enfermedad afectó tales derechos ni señalaron ningún hecho puntual en tal sentido.

Además, la agente recordó que hay información pública en sitios oficiales, en los cuales “lejos del secretismo que los actores alegan, se expone sobre las distintas vacunas, sus componentes y fases” y se deja asentado que quien se inscribe para vacunarse lo hace voluntariamente.

“En definitiva, la demanda relata la crítica de los actores frente a una política pública sanitaria y deja sentada su posición, pero nada dice en relación a un hecho, acto u omisión concreta de las autoridades del Estado nacional que, en aplicación de dicha política, de manera actual o inminente, lesione un derecho fundamental, por lo que no existe caso o conflicto alguno que amerite la intervención de la judicatura para su resolución”, postuló. [/privado]