Dictaminan que corresponde que una joven cobre la pensión de su padre

El fiscal General adjunto, Pablo Bustos Fierro, opinó que tienen que garantizarse “los derechos que debieron ser reconocidos durante su niñez y adolescencia”. Consideró que debe percibir la totalidad del beneficio desde que hizo el pedido en la Caja de Jubilaciones

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba dictaminó a favor de una joven , quien reclamó a la Caja de Jubilaciones el beneficio de una pensión a raíz del fallecimiento de su padre cuando era menor de edad .

El dictamen ocurrió en el marco de un recurso de casación interpuesto por la joven -quien hoy tiene 18 años- en contra de lo resuelto por la Cámara en lo Contencioso-administrativo de 3ª Nominación de la ciudad de Córdoba.

El fiscal General Adjunto, Pablo Bustos Fierro, entendió que las circunstancias del caso merecen flexibilizar la postura asumida por la cámara y efectuar una “interpretación armónica de la normativa previsional junto con la sustancial y realizar una aplicación legal tuitiva en base a una tutela diferenciada ”.

En este sentido, el funcionario judicial consideró que se debe autorizar el reconocimiento del derecho de pensión desde la fecha en que la joven efectuó la solicitud ante la Caja de Jubilaciones y que se le debe abonar el 100% del monto previsional que le corresponde, desde la fecha de la solicitud del mencionado beneficio.

“É sta es la solución que debió haber sido adoptada oportunamente por ser la que mejor resguarda todos los derechos convencionalmente reconocidos a las niña s , niños y adolescentes, incorporados en nuestro sistema constitucional desde 1994 , en especial los derechos garantizados por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aplicable también a los adolescentes”, destacó el dictamen al que accedió Comercio y Justicia .

Bustos Fierro precisó que l a demanda proviene de una joven quien, al momento del fallecimiento de su padre, era menor de edad, por lo cual “se trataba de una persona integrante de una categoría de sujetos vulnerables en razón de la edad según la sección 2, punto 2, de las Reglas de Brasilia y, por ese motivo, debe ser merecedora de una tutela especial en consideración a su desarrollo evolutivo”.

Agregó que “la pensión reclamada reviste carácter alimentario y social , y es una medida compensatoria y sustitutiva otorgada por el Estado frente a la ausencia del progenitor, quien tenía a su cargo las obligaciones alimentarias y educativas sobre sus hijos, de conformidad con el cúmulo de deberes emanados de la responsabilidad parental (artículos 541, 646, 658, cc y ss. del CCC), obligaciones que, en vida del padre, según la normativa de fondo, se hubieran extendido hasta los 21 años, o hasta los 26 en el caso de hijos que se capacitan y que, por esa razón, no pueden proveerse su propio sustento (arts. 658, 2° párrafo, y 663 del CCC)".

Asimismo, el dictamen precisó que la Ley Previsional Provincial (Nº 8024, TO Dec. 40/2009, vigente al momento del fallecimiento del causante) , en su carácter de instrumento de justicia social contempla el derecho al beneficio de pensión de las hijas e hijos menores de 18 años tras la muerte del causante ( art. 34, inc. b) o hasta los 23 años si éstos cursaren regularmente estudios primarios, secundarios o superiores en las condiciones establecidas por ley, que deberán acreditarse conforme reglamentación respectiva, según lo indicado por el texto legal (art. 36).

“Incluso, la norma local también resguarda el derecho al beneficio de otras personas que antes del fallecimiento hubieran estado a cargo del causante, en las condiciones allí descriptas (vgr., padres, hermanos, nietos, hijas viudas)”, puntualizó el dictamen.

“Como se puede observar, la normativa previsional tiene una naturaleza tuitiva, claramente alimentaria, dirigida a no dejar sin soporte, en determinadas circunstancias, a ciertos sujetos que dependían económicamente de personas fallecidas que eran aportantes a la Caja otorgante en las condiciones de le y”, concluyó el fiscal General adjunto.

Así las cosas, Bustos Fierro remarcó que, si bien la beneficiaria (a la fecha del dictamen) ya es una persona mayor de edad, “deben garantizarse los derechos que debieron serle reconocidos durante su niñez y adolescencia” .