ESCUCHAREl fiscal Sandro Abraldes dictaminó en contra de la solicitud de prescripción que presentaron las defensas en el marco del expediente que investiga a ex funcionarios del Banco Provincia y a directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por las maniobras presuntamente fraudulentas que rodearon lo sucedido luego de la venta del Predio Ferial de Palermo (ciudad de Buenos Aires). La cuestión la decidirá el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Cecilia Maiza y Juan Ramos Padilla.
El Ministerio Público fundó su dictamen en función del “interés social prevalente a la hora de conocer la verdad en materia de corrupción de funcionarios públicos” y, en ese marco, solicitó al tribunal que avance “con la premura que amerita el caso” para que las partes ofrezcan la prueba que se utilizará en el debate.
El dictamen se dio luego de que 15 de los imputados en este tramo de la maniobra pidieron que se declare extinguida la acción penal, ya sea porque consideraron que la causa prescribió o porque sostuvieron que había violado su garantía de ser juzgados en un plazo razonable. Antes de analizar estrictamente los planteos, el fiscal Abraldes repasó el origen de las causas y cómo se llevaron adelante las maniobras delictivas investigadas a lo largo de los últimos 25 años. Indicó que se trata de un conglomerado de investigaciones que fueron separadas en distintos fueros pero que todas giran en torno a “una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado Argentino”.
La fiscalía recordó que en el expediente se investigan hechos gravísimos de corrupción en perjuicio de la Administración pública que “habrían sido cometidos por funcionarios públicos de múltiples estamentos del Estado (Nacional, Provincial y de la Ciudad) y miembros de la Sociedad Rural”. Explicó que el despliegue delictivo ocurrió entre 1991 y 2004, cuando se llevaron a cabo diversas operaciones administrativas y burocráticas que ocasionaron un perjuicio económico millonario que benefició a un grupo de ciudadanos.
El fiscal Abraldes sostuvo que la defraudación comenzó con la tasación fraudulenta y posterior venta del predio ferial de Palermo a la SRA, en 1991, por un precio vil, lo cual representó un perjuicio patrimonial millonario a las arcas del Estado nacional de aproximadamente cien millones de dólares.
Prescripción
La fiscalía planteó que debe considerarse que se encuentran involucrados imputados que han ejercido la función pública, lo cual incide en la suspensión del curso de la prescripción. Por ejemplo, el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, quien ejerció funciones públicas como senador entre 2005 y febrero del año 2021.
Con respecto a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, el fiscal sostuvo que la maniobra investigada fue un proceso que duró aproximadamente 15 años, desde que se procedió a la venta del predio a un precio vil a la SRA, hasta la falsificación de las firmas de los legisladores porteños, que habría sido materializada por uno de los imputados. La causa se inició en 1996, por lo que aún restaban nueve años para la consumación del último hecho que conforma toda la maniobra, indicó.
