ESCUCHARPerspectiva. El presidente de la Federación de Abogados de la provincia, Luis Quassolo y el titular del Colegio de Abogados en Córdoba, Alejandro Tejerina.
Capacitarse y defender las incumbencias profesionales, el gran desafío de la abogacía
El presidente de la Federación de Abogados de la provincia, Luis Quassolo, hace aquí un análisis pormenorizado del ejercicio de la profesión, de la situación de los tribunales y del impacto que tendrá el nuevo Código Civil en el ejercicio de la profesión.
¿Qué reflexión puede hacer sobre la la actividad de los letrados?
– El ejercicio de nuestra profesión está jaqueado desde hace varios años. En primer lugar, hay que destacar este fenómeno que se está produciendo y que tiene que ver con la aparición por doquier de “pseudos” facultades de Abogacía, que vuelcan a la calle a miles de abogados que no finalizan sus estudios con la preparación suficiente. Por otra parte, y hablando estrictamente sobre el ejercicio de la profesión, estamos viendo con preocupación como en el último tiempo se ha recargado la labor de los abogados con tareas propias del Poder Judicial -tales como la confección de Oficios, proyectos de resoluciones, etcétera- que, con la excusa de aliviar y agilizar el proceso judicial, las termina realizando el abogado. No menos importante resulta destacar la mora judicial, que en algunos Tribunales alcanza a plazos que afectan la dignidad de la sociedad -que necesita respuestas de la Justicia- y a los propios abogados que no pueden percibir sus honorarios, que tienen carácter alimentario.
Tampoco puedo dejar de destacar la cuestión edilicia y la falta de cobertura de vacantes de Funcionarios y Magistrados, en algunas circunscripciones, que afectan el normal desenvolvimiento del servicio de Justicia. Pese a todo, no podemos dejar de reconocer como un principio de mejoría la creciente informatización del Poder Judicial, sobre la que venimos haciendo nuestros aportes desde hace ya un tiempo.
– ¿En este contexto cuáles son los desafíos de la profesión?
Una de las metas más importantes es encontrar el camino o los caminos para disminuir drásticamente el plazo en la resolución de los conflictos, sin que ello implique consentir algunas de las soluciones que a veces se proponen, como recurrir a métodos que eviten la participación de los letrados. Muchas veces, con el equivocado fundamento del ahorro, que no es tal, se presentan proyectos en los que el derecho de defensa y de la participación del abogado, se sienten menguados. Eso, la abogacía organizada no lo permitirá, porque afecta derechos constitucionales.
– ¿Qué mensaje les daría a quienes recién se inician en la profesión?
-Tanto a los que se inician en la profesión como a los que ya estamos en los últimos años del ejercicio, el mensaje es el mismo: capacitarse todos los días, hacer valer los derechos de nuestros clientes sin cortapisas, defender nuestras incumbencias profesionales, que tanto son atacadas desde otras profesiones y hacer una defensa irrestricta de la vigencia plena de la Constitución Nacional y la división de poderes, defendiendo a ultranza la independencia el Poder Judicial, de que somos parte y no meros auxiliares.
– ¿Cómo cree que influirá en el ejercicio de la profesión el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación?
– La entrada en vigencia del Código Civil y Comercial unificado ha impactado de lleno en el ejercicio de la profesión, especialmente por la nula información que brindó el Ministerio de Justicia de la Nación. La actividad de divulgación de conocimientos quedó en forma mayoritaria a cargo de los Colegios de Abogados. Se adelantó la puesta en vigencia de la nueva nomativa, en virtud de una apuesta política partidaria, sin analizar si tanto magistrados como abogados estaban lo suficientemente preparados para encarar todas las reformas que el texto plantea. A pesar de ello, la impronta del abogado, ávido siempre de conocer las normas de derechos, hace que los cursos que se dictan y que se seguirán dictando estén siempre completos de asistentes. Respecto de la normativa, sólo con el transcurrir del tiempo y el devenir de los procesos y las resoluciones que se tomen, se tendrá una verdadera dimensión de la incidencia del nuevo código de fondo.
Pero, más allá de la reforma de los códigos, hay que destacar que el Servicio de Justicia precisa para mejorar su respuesta a la sociedad un mayor presupuesto porque sin esto es difícil agilizar los procesos y dar una respuesta adecuada a los justiciables.
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“En Córdoba hay que tomar a la Justicia entre comillas”
En el Día del Abogado, el representante de los letrados en Córdoba reflexionó sobre
la actividad de sus colegiados. Criticó las morosidad de los Tribunales y pidió voluntad
política para encarar una reforma integral en el Poder Judicial. Aquí, una charla en exclusiva con Comercio y Justicia.
Alejandro Tejerina habló sin pelos en la lengua, además de alertar sobre el ejercicio profesional fue muy crítico a la hora de hacer una evaluación sobre la situación del Poder Judicial. Sus declaraciones se producen a pocas semanas de dejar la presidencia del Colegio de Abogados de Córdoba para ceder en septiembre su lugar a su sucesor, Marcelo Echenique. El laboralista cordobés no duda en señalar que la profesión de la abogacía “está pasando un momento difícil” y que el sistema judicial requiere de una “reforma integral” para resolver la litigiosidad y la consecuente mora en los tribunales.
– La sociedad cambia de necesidades y evoluciona ¿Cuál es la situación de la abogacía en estos tiempos que corren?
-El ejercicio de la profesión está pasando un momento difícil. Yo siempre le digo a los abogados más jóvenes que lo que tienen que hacer primero es capacitarse y, una vez capacitados, el abogado tiene que saber cómo llegar a la gente, tiene que tener la capacidad -sin salir a carronear- de ofrecer sus servicios. Ya no cuenta más la placa en la puerta del estudio que atraía clientes, eso ya fue, no existe más. Sin embargo, y a pesar de que la tarea del ejercicio cada vez se hace más difícil, también creo que la profesión del abogado es una de las más requeridas de la sociedad.
Por otra parte, yo pienso que hay un avance, tanto de los grupos económicos como de los poderes del Estado sobre el ejercicio de la profesión. En el caso del Estado, una ve cómo intentan generar más gratuidad para la ciudadanía: el PAMI te da asesoría e incluso patrocinio para las declaratorias de herederos. Ahora, con el nuevo decreto reglamentario de la Ley de Riesgos del Trabajo, se genera un cuerpo de abogados para asesorar al trabajador para que hagan valer sus derechos. Si bien esto pareciera algo positivo, en realidad no es así, es un engaño; lo que se busca en realidad es que el Estado te de lo que quiera y no lo que el derecho te asiste. En el caso de las jubilaciones, yo siempre digo que no habría tantos juicios si hubiera asistencia de los letrados.
-¿Y qué análisis hace del sistema judicial cordobés?
– Yo creo que en Argentina y en Córdoba hay que tomar la Justicia entre comillas; la mora que tienen los juicios en nuestra provincia es muy importante. Córdoba tiene la obligación y la deuda con los cordobeses de una justicia que llegue a la gente. En este sentido, yo veo muy bien que se hayan puesto en funcionamiento las asesorías móviles pero mucho más positivo es que un ciudadano inicie un juicio y al año y medio tenga una respuesta. Un trabajador no puede esperar cinco años para tener una sentencia. Es fundamental que los tiempos de la Justicia se acorten. A Córdoba hay que darle un impulso distinto, hay que modificar los Códigos y ésta es una deuda pendiente que me llevo de mi gestión en el Colegio de Abogados; tuvimos la intención y no se pudo. Necesitamos una reforma seria y de consenso.
– ¿Y cómo se hace para alcanzar ese consenso? Este año hubo una comisión convocada para reformar el Código Procesal Civil y Comercial y los abogados se levantaron de esa mesa.
– Una cosa es el consenso y otra es que yo arme una comisión y ponga a cuatro jueces que representan a las universidades y otros que representen a la Asociación de Magistrados y sume a dos abogados; eso no es un consenso. Son muchas cosas las que hay que cambiar, nosotros decimos siempre -por ejemplo- que los plazos no pueden ser sancionatorios para los abogados y ordenatorios para los jueces. El abogado que representa a un ciudadano, si en cinco días no responde a una vista, pierde el juicio y, en contrapartida, hay fallos que demoran años.
– ¿Se perdió la oportunidad de una reforma del Código Procesal Civil y Comercial entonces?
– Todavía está la posibilidad. Igual yo quiero destacar que esta deuda no pertenece exclusivamente a este Gobierno, es una deuda de todos, pero lo que tiene que haber de quienes nos dirigen es la decisión firme e inequívoca de querer cambiar esto; no alcanza con la voluntad de la abogacía y el TSJ. Necesitamos una ley de mediación obligatoria de menor cuantía pero hay que encarar una reforma integral; no podemos hacer parches.
– Pero en este punto siempre aparece el problema del presupuesto como un escollo para avanzar ¿Qué opina sobre eso?
– El cambio es posible, es una cuestión de gestión, no de presupuesto. A mí no me entra en la cabeza que una sala con la misma cantidad de causas que otra, fije vistas de causa a tres meses y otra a dos años o que una sala del Tribunal Superior tenga una mora considerable
¿Qué autoridad tengo para decirle a mis hijos que sean puntuales si yo no soy puntual, cómo hago para decirles que se levanten si yo no me levanto? Creo que hay muchas cosas para cambiar y el argumento es siempre el mismo: no hay presupuesto. Pero repito, no creo que sea una cuestión de presupuesto, es una cuestión de gestión, de decisión y de cabeza para generar cosas distintas. Brasil logró reducir 25% la litigiosidad con los medios alternativos de solución de conflictos.
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