ESCUCHARLa Policía española detuvo con fines de extradición a la Argentina al capitán de un pesquero que navegó por aguas jurisdiccionales y llegó a amarrar en las islas Malvinas, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por acogimiento y recepción, triplemente agravado por haber aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el haber consumado la explotación y la pluralidad de damnificados -marineros integrantes de la tripulación-.
La pesquisa que involucra al imputado, de nacionalidad española y de 56 años de edad, comenzó en junio de 2017. La instruye la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal Lucas Colla.
Se inició luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuara del buque a un marinero senegalés en estado de salud crítico, cuando navegaba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial le permitieron al Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata, dado que -entre otros detalles- el hombre narró que trabajaba hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, y que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que su contrato tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años. Una vez recuperado, el daminficado regresó a su país.
De acuerdo con la imputación, el capitán aceptó y albergó el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo al senegalés, entre al menos tres personas más, también oriundas de Senegal, de “cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó”.
Especificó que las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania -desde donde partió el buque-, para explotarlass, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de 22 horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega del pesquero, sin descanso ni asistencia médica apropiada, no aportándole lugar de descanso ni esparcimiento, ni ropa pertinente, con ausencia de condiciones salubres de higiene y alimentación adecuada, generándole al marinero identificado un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación, hasta el día 5 de junio de 2017, cuando se tuvo que ordenar su desembarco urgente a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.
La Fiscalía investiga el caso con la asistencia de la PROTEX, de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).
Con el asesoramiento de la SIFRAI, procura información del buque, por ser elemento del delito investigado. El reclamo se tramita en un legajo separado y fue rechazado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. El fallo fue apelado.
La Fiscalía también está recibiendo apoyo del Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL, a través de su proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), centrado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de analizar e identificar buques de pesca de larga distancia que operan ilegalmente en el mar, y de la Unidad de Tráfico de Personas y Contrabando de Migrantes de INTERPOL, en el marco de la Operación LIBERTERRA II.
