ESCUCHAREstá imputado por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad. El arresto se debe a la acusación de obstrucción de la investigación y alteración de pruebas. En la causa están implicados ediles y ex funcionarios del municipio. Ya estaban presos un abogado y un ex director comunal
El intendente de la localidad de Pilar, Diego Bechis, fue detenido ayer en la causa en la que se investiga la venta de terrenos públicos en el marco de una supuesta estafa por unos 50 millones de pesos.
Bechis ya había sido imputado por administración fraudulenta calificada y abuso de autoridad, pero en este caso fue arrestado acusado de “obstrucción de la investigación y alteración de pruebas”, según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
La medida fue adoptada por la fiscal del caso, Patricia Baulies, quien ya había detenido al asesor letrado del municipio, el abogado Cristian Moyano; y Pablo Ghío exdirector de Juventud municipal.
Sobre el particular, la funcionaria judicial señaló además que la causa se encamina a la elevación a juicio.
La detención de Bechis conmovió, desde temprano, a todos los vecinos ya que es la primera vez que la máxima autoridad se ve envuelta en una situación así.
Además del intendente de la ciudad, están imputados otros funcionarios, exfuncionarios y un particular. Ellos son: Pedro Botta (presidente del Concejo Deliberante), los concejales oficialistas Marina Canalis, Carla Inaudi y Rodolfo Rodríguez; Martín Biagiola (exjefe de Gabinete municipal), Pablo Ghío (exdirector de Juventud y Deporte) y Eugenio Milich (supuesto comprador).
Sobre quién asumirá el cargo de Bechis tras su detención, el concejal dijo: “Debería estar asumiendo el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Botta. Calculo que tendremos una sesión para prever como se continúa con el tema. Se complica porque el presidente del Concejo también está imputado por el mismo delito”.
Tosco, junto al concejal Mario Matteine, fueron quienes denunciaron la venta irregular de los terrenos. La causa se inició por una denuncia de ediles de la oposición, después que el Concejo Deliberante de la ciudad aprobara la venta de 11 hectáreas de la costanera de la ciudad en una sesión realizada en forma extraordinaria.
La ordenanza que permitió la operación fijó un precio de venta de las tierras en un millón de pesos y se justificó especialmente en el bajo valor de esa tierra por considerarla no apta para edificar, potencialmente inundable y con pocas condiciones de uso.
La fiscal ordenó, oportunamente, la realización de una pericia geológica y una tasación del valor de la tierra.
La primera determinó que al menos 5 hectáreas de las 11 vendidas son aptas para edificar sin ninguna mejora; y la seis restantes solo demandan una obra de contención para calificar su uso.
En tanto, se determinó que el valor de mercado de la tierra al momento de la venta sería de al menos 56 millones de pesos.
Con esos documentos la funcionaria judicial decidió las actuaciones en la causa, y en las últimas semanas por nuevos elementos de investigación incorporados determinó que existe peligro procesal por parte de Moyano, (que además de asesor letrado municipal actuaba como defensor de los imputados) y ordenó su detención.
