Determinarán estado de adoptabilidad de un menor, al sospecharse que hubo supresión de su identidad

El fallo advirtió que el control sobre la situación del niño fue sólo formal, sin adentrarse si se encontraba en condiciones de ser adoptado o de permanecer junto con su madre y la persona que lo anotó como propio [privado]

En el marco del control de legalidad de una medida que dispuso la declaración de adoptabilidad de un niño, si bien declaró mal concedida la vía impugnativa intentada por falta de fundamentación al momento de su interposición, la Cámara 1ª de Familia de Córdoba declaró la nulidad de la sentencia por contener vicios intrínsecos en el procedimiento y en la resolución.

Ello así, al haberse efectuado un control de legalidad meramente formal, sin considerar el interés superior del niño, al permitir que permanezca los dos primeros años de su vida en un hogar en el que se lo consideraba como un hijo, para luego retirarlo -invocando la vulneración de sus derechos por parte de la madre y de quien lo había registrado como su hijo- que era lo que había motivado la intervención estatal dos años atrás, por el supuesto delito de supresión de identidad.

Formalidades

El tribunal integrado por los vocales Rodolfo Alberto Ruarte, Fabián Eduardo Faraoni y Graciela Melania Moreno Ugarte , al analizar la apelación presentada por quien había inscripto al niño como su progenitor, señaló que se advierte que el recurso ha sido interpuesto sin las formalidades previstas en el artículo 57 de la ley 9944; esto es, sin fundar el motivo por el cual corresponde declararlo mal concedido.

El fallo agregó que no salva este escollo formal la expresión de agravios ulteriormente presentada por la señora D.Y.A., pues la interposición fundada de la vía impugnativa “resulta un requisito para su admisibilidad formal y liminar, deviniendo extemporánea la fundamentación intentada por ante esta alzada”.

"La medida excepcional se adopta por el órgano administrativo frente a la supuesta comisión de un delito de supresión de identidad en perjuicio del niño, del que D.Y. A. podría ser partícipe, dado que la extrema vulnerabilidad de la madre habría creado las condiciones necesarias para que inscriba el hijo como propio".

Del fallo dictado por la Cámara.

Sin embargo, la Cámara observó que lo resuelto en el ítem anterior no resulta un óbice para adentrarse en la consideración del tema traído a su conocimiento, “máxime cuando de la revista integral de las constancias de la causa y de la sentencia dictada en definitiva, se advierten severas irregularidades que conllevan a sostener la nulidad absoluta de dicho pronunciamiento”.

Así, los camaristas precisaron que el niño nació en el Hospital Materno Provincial y fue inscripto en la Oficina Móvil n° 2602 del Registro Provincial de Estado Civil y Capacidad de las Personas (fs. 52 1°), como hijo de su progenitora y de D.Y. A., quien sería la aportante del material genético masculino, que tras su autopercepción femenina hizo su cambio de identificación registral conforme a la identidad autopercibida en los términos de la ley 26743.

Excepcional

La alzada continuó relatando que la medida excepcional se adopta por el órgano administrativo frente a la supuesta comisión de un delito de supresión de identidad en perjuicio del niño, del que D.Y. A. podría ser partícipe, dado que la extrema vulnerabilidad de la madre habría creado las condiciones necesarias para que A. inscriba el hijo como propio.

En ese marco, advirtió el tribunal que se efectuó así un control de legalidad meramente formal, “sin considerar los importantes intereses en juego y mucho menos el interés superior del niño, permitiendo que permanezca los dos primeros años de su vida en un hogar en el que se lo consideraba como un hijo, para luego retirarlo invocando la vulneración de sus derechos por parte de la madre y de D.Y. A., que era lo que había motivado la intervención estatal dos años atrás, pero sobre lo que nunca se investigó, ni trabajó atendiendo a (…) en tanto titular de derechos”.

Los jueces subrayaron que “la ausencia de intervención administrativa y judicial para determinar las circunstancias que generaron el vínculo filial del niño con D.Y. A., la ausencia de todo tipo de estrategia que trasparentara la real situación y ubicara a los protagonistas en un rol sano y beneficioso para el niño y a la vez respetuoso de su identidad, el mantenimiento del vínculo afectivo entre D.Y. A. y el niño durante toda su existencia, para luego declarar la situación de adoptabilidad con base en la vulneración de los derechos, reeditando el fundamento inicial de la toma de la medida excepcional, ignorado durante todo el proceso, torna al pronunciamiento absolutamente carente de la debida y razonable fundamentación y por tanto nulo”.

Urgencia

En el fallo se resolvió que corresponde ordenar se remitan los autos a la jueza de la Niñez en turno para que, con la urgencia que el caso amerita, previo a la realización de un amplio informe multidisciplinario por parte del equipo técnico del fuero, determine concretamente qué es lo más beneficioso para el interés superior del niño, “entendido como la satisfacción de la mayor cantidad de sus derechos, esto es, cuál medida resulta más adecuada para ese fin, si permanecer con D.Y. A. como referente afectivo, o la situación de adoptabilidad”.

Asimismo, se ordenó que, al no obrar constancia alguna de que se haya procedido conforme la normativa aplicable, tratándose lo evidenciado de la supuesta comisión de un delito de acción pública perseguible de oficio, “corresponde sin más y una vez firme la presente, que el nuevo Juzgado interviniente proceda a la remisión de los antecedentes por ante la Fiscalía de Instrucción”.