sábado 2, noviembre 2024
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Comercio y Justicia 85 años

Desplazaron al administrador de la Corte Suprema

DESCALIFICADO. El informe del ex administrador de la obra social judicial fue desacreditado por la Corte.
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Héctor Marchi fue depuesto por 3 votos contra 1. Sólo lo apoyó Ricardo Lorenzetti

La mayoría de la Corte dispuso este jueves el desplazamiento del administrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, y lo nombró en la cámara de la seguridad social, en el marco de una reestructuración administrativa del máximo tribunal. Marchi manejaba un presupuesto de 35 mil millones de pesos.

La medida fue dispuesta por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien había apoyado a Marchi.

Marchi desembarcó en la Corte como subadministrador del tribunal a finales de 2003. Llegó en reemplazo de Nicolás Reyes, su antecesor en el cargo de la Corte de la “mayoría automática” del ex presidente Carlos Menem. 

Antes fue secretario Hacienda de la Municipalidad de Rafaela y luego ministro Hacienda del gobernador peronista. Jorge Obeid.

La semana pasada, el desplazado funcionario había intentado recusar por segunda vez a esos tres ministros en el juicio civil que le sigue por “daños y perjuicios” a la líder la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió.

A fines del mes pasado, Marchi recusó por primera vez a los jueces del alto tribunal sosteniendo que no podía juzgar en el juicio que le hizo a Carrió porque la líder de la CC ejerce una defensa “acérrima” de ellos.

El administrador de la Corte, quien también asumió la conducción de la Obra Social del Poder Judicial cuando fue intervenida por una acordada de la Corte, presentó un recurso “in extremis” que busca que los tres jueces aludidos revisen el pedido y se aparten.

Justamente por el manejo de la obra social, Carrió y el exdiputado de su espacio, Fernando Sánchez, denunciaron a Marchi por “enriquecimiento ilícito”, lo cual fue inaceptable para el secretario letrado.

Obtuvo una respuesta favorable a su pretensión de reparación en 2018 cuando la Cámara Civil falló que los legisladores no tienen inmunidad ante las imputaciones falsas de un delito.

Contra este fallo recurrieron a la Corte Carrió y Sánchez en un expediente que no tiene novedades desde hace cuatro años.

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