ESCUCHAREl Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó la desvinculación de empleados que habían sido designados el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno, y que habían generado el rechazo del gremio de los empleados judiciales por haber ocupado cargos jerárquicos sin que se tuviera en cuenta la carrera judicial.
“Hicimos el mayor esfuerzo, y se llegó a esta decisión a través del mayor consenso posible”, dijo el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, antes de anunciar el desplazamiento de la estructura del Consejo de tres empleados cuya designación en altos cargos había sido vertiginosa.
El anuncio tuvo como marco el plenario que realizó el Consejo en el salón Lino Palacio, ubicado en el segundo piso del edificio de Libertad 731, y se basó en un dictamen de la Comisión Revisora, integrada por Juan Bautista Mahiques, el juez Leónidas Moldes, la abogada Adriana Donato y el diputado Gustavo Valdés.
“Lamento esta decisión, pero la situación de estos empleados afectaba los derechos de otros trabajadores”, dijo la consejera Adriana Donato (representante de los abogados) ante decenas de empleados judiciales que levantaban carteles con consignas contrapuestas.
Por un lado estaban los representantes del gremio de los empleados judiciales, cuya consigna era “No al robo de categorías y respeto a la carrera judicial”, y por otro los representantes de los empleados desplazados, vinculados con la agrupación La Cámpora, quienes pedían su permanencia.
La senadora del Frente para la Victoria Virginia María García expresó su apoyo a los trabajadores desplazados “en función de su trabajo y capacidad”, y en el mismo sentido se manifestó la consejera Gabriela Vázquez (jueza), quien señaló que “no había motivo para la constitución de una Comisión Revisora”. La Comisión Revisora se creó mediante resolución 287/15 en el último plenario del mes de diciembre.
Los empleados del Poder Judicial reclaman el respeto a la carrera administrativa y no los ascensos o categorizaciones vertiginosas, tal como explicó uno de sus delegados, Ricardo Noziglia, quien explicó a Télam que en los últimos dos años “avasallaron la estructura judicial”.
También señaló el riesgo que tiene que tomen el control de la Dirección de Seguridad Informática personas que vienen de empresas tercerizadas, o gente que recién ingresa, debido a que se maneja información “muy sensible”.
Precisamente en este punto es que se mencionó durante el plenario del Consejo, el ingreso de un oficio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el cual se pide que se tengan en cuenta algunos lineamientos que hacen a la “seguridad informática”.
