Desestimaron revocar una donación por la causal de ingratitud

Se estableció que la negativa de los beneficiarios a vender el inmueble para que el otorgante -ya fallecido- pudiera adquirir otro, no configuró una injuria en los términos del artículo 1858, inciso 2, del Código Civil

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín (Buenos Aires) confirmó el rechazo de la revocación de una donación con usufructo vitalicio de un inmueble, al estimar que la negativa de los beneficiarios a vender el bien para que el otorgante -ya fallecido- pudiera adquirir otro, no configuró la causal de ingratitud en los términos del artículo 1858, inciso 2, del Código Civil (CC). [privado]

En su fallo, el tribunal sostuvo que la postura de los demandados no fue una injuria en los términos de esa norma.

Acotó que las desavenencias y el distanciamiento que se generaron entre las partes como consecuencia de la tensión por el frustrado intento de venta en el tiempo transcurrido hasta el deceso del donante, M.G., tampoco implicó un accionar ofensivo y grave de los donatarios.

“Es imposible que pueda reputarse injuriosa y merecedora de sanción la no restitución de lo donado por el solo arrepentimiento del benefactor”, subrayó, además.

A su turno, el a quo desestimó, con costas, la demanda que entabló la heredera testamentaria de M.G. contra sus sobrinos nietos.

El sentenciante indicó que la actora no accionó por el acto mismo de la donación sino por el supuesto abuso de confianza injurioso de los accionados, al no concretar la venta de la casa cuya nuda propiedad recibieron para que su tío adquiriera otra. También sostuvo que le rehusaron alimentos.

Con relación a la primera causal, señaló que las diferencias relativas a la operación inmobiliaria no evidenciaban la existencia de la injuria imputada. Respecto a la segunda, precisó que no se acreditó la insuficiencia de medios económicos de G.M.

También se refirió a la firmeza del acto de donación, que solo puede ser dejado sin efecto por las causas graves que el CC enumera taxativamente.

La mujer apeló el pronunciamiento, pero la alzada lo validó alegando que hizo su construcción argumentativa “sin los cimientos necesarios”.

En esa línea, expuso que la recurrente pretendió que sus dichos fueran dados por ciertos “a partir de simples inferencias”, y que no atacó la validez de la donación con reserva de usufructo, cuya impugnación por cualquier vicio (error o, eventualmente, una simulación lícita que diera lugar al abuso de confianza) excluyó de su pretensión.

“Si la donación fue cierta, pura y válida (lo que no cuestionó), mal puede analizarse la conducta de los demandados desde el presupuesto (hipotético) contrario”, subrayó la cámara.

En ese sentido, opinó que la reclamante no solo se equivocó en la subsunción jurídica del hecho sino que también fracasó en su acreditación. “Los demandados se avinieron, sin obligación ni deber jurídico, a interiorizarse sobre la operatoria inmobiliaria que intentaba su tío”, explicó el tribunal, y añadió que, si bien la transacción no se llevó a cabo, se desconoce con exactitud su causa, ya que las declaraciones testimoniales de los corredores no aclararon el asunto. Por otra parte, ponderó que estaría plenamente justificado que los donatarios condicionaran su conformidad a que el nuevo inmueble fuera adquirido conservando las mismas condiciones dominiales que el reemplazado y que, en caso de haber un remanente, reclamaran que se distribuyera a prorrata.

Sobre la versión de la actora-apelante sobre la falta de valoración integral de las constancias del caso, como los antecedentes de la relación entre las partes y lo que definió como “la necesidad de un comportamiento positivo de los sobrinos”, la cámara opinó que fue un intento de revertir una sentencia ajustada a derecho que soslayó reglas básicas en la materia de revocación de donaciones.

“En el plano moral, el deber de gratitud se manifiesta sobre todo en los hechos positivos; en el derecho, en cambio, se satisface con una conducta pasiva. Lo que se sanciona son los actos que revelan ingratitud. En un solo caso se exige un hecho positivo: la prestación de alimentos al donante que carece de medios de subsistencia”, recordó.

Bajo esa premisa, destacó que no cualquier hecho hace viable la acción de revocación que puede intentar el donante, aunque desde un punto de vista moral ello estaría posiblemente justificado. “La gravedad de la sanción -revocación de un contrato válidamente celebrado- hace que la ley haya pretendido dar firmeza, justamente, al acuerdo que ha dado nacimiento a la ley de derecho privado que generaron o promulgaron las partes, y fijado los parámetros legales, estableciendo los supuestos concretos en que resulta procedente la revocación”, abundó. [/privado]