Desestiman posible mala praxis en la realización de una cirugía de aumento de mamas

La paciente accionante, también de profesión médica, tuvo un rechazo de las primeras prótesis que le fueron colocadas, por lo que hubo que realizar otras operaciones con posterioridad. Para el tribunal, el galeno que la atendió cumplió con los recaudos necesarios

Al advertir de que con la prueba no fue acreditada la imprudencia o negligencia del médico en la atención de la paciente que presentó inconvenientes luego de una cirugía plástica de aumento de mamas, la Cámara 8ª en lo Civil y Comercial de Córdoba confirmó la sentencia que había rechazado la presunta mala praxis del profesional demandado y restó entidad a la falta de consentimiento informado por el carácter de médica de la accionante, quien por su actividad debió conocer los riesgos de este tipo de cirugías.

El tribunal integrado por Héctor Hugo Liendo y Jorge Augusto Barbará, al analizar la apelación de la actora, indicó que la controversia giró alrededor de la crítica del a quo se basara en los peritajes médicos que indicaban que la praxis fue correcta, cuando no se tuvo en cuenta el contexto de un proceso de cuatro años de tratamientos médicos y siete operaciones quirúrgicas, en medio de sufrimientos.

Al observar el peritaje, la cámara indicó que la experta expuso que el tratamiento de la complicación posimplante mamario se realizó conservando las normas éticas y el buen cuidado en el ejercicio profesional, no demostrando error, negligencia ni mala prestación asistencial.

Los camaristas señalaron que la perita indicó que la actora presentó como consecuencia de la mastoplastía de aumento, hematomas, infección y rechazo protésico; que las dificultades fueron diagnosticadas y se le efectuó el tratamiento correspondiente, y que la “colocación secuencial de las dos últimas prótesis no sería posible si no se hubiesen tratado adecuadamente las complicaciones de la pared toráxica”.

La cámara valoró que en este caso se accedió a la posibilidad de recurrir a un órgano técnico especializado de asesoramiento científico, el Comité Consultivo y Operativo en Prácticas Médico Sanitarias y Bioética (Copramesab) del Poder Judicial para resolver las cuestiones específicas, y destacó que el valor de sus peritajes médicos posee una relevancia superlativa, cuya imparcialidad y corrección resultan garantizadas por normas específicas, seriedad, peso científico y objetividad.

Entre los aspectos más relevantes de tal peritaje se destacó que, gracias a la atención médica durante la evolución de su cuadro, se logró una área quirúrgica adecuada para la colocación de una nueva prótesis, y concluyó que de la conducta profesional del accionado no se infiere que hubiera habido conductas, tratamiento o diagnóstico que pudiera valorarse como error grave o negligencia; ni actos reprochables de su parte.

Disidencia

El tribunal apuntó que no se desconoce la existencia de dictámenes de control en disidencia, en los que se criticó la demora para resolver la afección, que el médico cirujano jamás solicitó un cultivo de las secreciones de la fístula para detectar si había hongos o bacterias y que nunca le prescribió un antibiótico.

El fallo sostuvo que el informe de la perito de control de la actora no logró desvirtuar lo sostenido por los peritos oficiales, atento a que es designado por una de las partes del juicio, lo cual disminuye el grado de imparcialidad de sus conclusiones.

Por otro lado, se consideró que los peritajes médicos oficiales lucen fundados, habiendo arribado a sus conclusiones con base en un análisis de las constancias del expediente, estudios médicos aportados y examen físico, no logrando rebatirlas los dictámenes en disidencia.

De igual modo, la cámara indicó que de las pruebas se desprende que el demandado efectivamente solicitó diversos estudios a fin de encontrar una solución a las dificultades que aquejaban a la paciente y que los estudios se efectuaron en entre ocho y diez meses de la fecha de la primera cirugía, y no cuatro años después, como alega la apelante.

En cuanto a la falta de consentimiento informado por parte de la paciente, el tribunal coincidió con el a quo en que si bien no se puede dispensar al médico tratante de brindar la información necesaria sobre el tratamiento correspondiente, no existe en el caso un “paternalismo médico”, como propone el consultor técnico de la actora.

A su vez, se valoró el testimonio de un especialista en cirugía plástica y compañero de trabajo de ambas partes en el Hospital de Niños, quien declaró que la actora se desempeñaba en la parte de auditoría médica de dicho nosocomio y tenía como tarea autorizar la compra de materiales médicos específicos, como implantes o prótesis; lo que implicaba que veía las historias clínicas de los pacientes y, con base en ello, decidía si autorizaba el implante requerido.

Por consiguiente, se sostuvo que la actora contaba con conocimientos especiales sobre la cirugía que se iba a llevar a cabo, principalmente de los riesgos de ésta, por lo que mal puede inculpar al médico demandado por el hecho de no contar con un consentimiento informado por escrito por parte de la paciente.