Desestiman pedido para remitir cheque rechazado como medida preparatoria

Por mayoría, el tribunal entendió que la solicitud no estaba fundada y no debía ser considerada. La minoría interpretó que atender el requerimiento podra ser útil para acreditar la legitimación de las partes [privado]

Al entender que la previsión de remitir el cheque original a la Justicia cuando fue rechazado por haberse dado la “orden de no pagar”, se refiere al fuero Penal cuando existe una denuncia por la posible comisión de un delito y no al Civil, en el que se ventila la acción de cobro del cheque, por mayoría la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba rechazó la apelación del Grupo Opus Argentina SRL y confirmó el requerimiento de medida preparatoria para que el banco girado remitiera ese documento.

La minoría sostuvo la conveniencia de contar desde un inicio con el original de la orden de pago en cuestión, para que la accionante pueda legitimarse como depositante y el demandado tenga su legitimación pasiva como librador.

El grupo accionante manifestó la necesidad de contar con el original de los cheques rechazados a fin de acreditar, no sólo la legitimación activa del depositante y la legitimación pasiva del librador sino también la legitimación pasiva del endosatario, cuya rúbrica no ha sido verificada por el girado, quien se ha limitado a verificar la firma del endosatario depositante, por lo que se hace necesario contar con el original del instrumento de cambio a fin de proceder a su cotejo en caso de desconocimiento insincero por parte del endosatario de la rúbrica que se le atribuye.

La mayoría evaluó que las medidas preparatorias del proceso, como actos procesales que se realizan con anterioridad a la interposición de la demanda y que tienden a evitar la frustración de las etapas introductivas, constituyen actuaciones que deben admitirse siempre que concurran los presupuestos generales que la ley toma en cuenta para autorizarlas, sostuvo la mayoría.

Expuso asimismo que la previsión en cuanto a remitir al juzgado interviniente los originales de los títulos de crédito rechazados, está regulada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en cuanto dispone la remisión al juzgado interviniente del original del cheque rechazado por causas de hurto, pérdida o extravío.

En instancia de apelación, los vocales María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores señalaron que el a quo rechazó el diligenciamiento de la medida preparatoria porque este tipo de procesos ejecutivos no se encuentra regulado y debe ceñirse al procedimiento de los juicios ordinarios, siendo que la copia del cheque que se adjunta a la demanda reviste los requisitos que establece el artículo 63 de la Ley de Cheque. Se añadió que por tal razón carece de sentido el libramiento del oficio solicitado.

La mayoría evaluó que las medidas preparatorias del proceso, como actos procesales que se realizan con anterioridad a la interposición de la demanda y que tienden a evitar la frustración de las etapas introductivas, constituyen actuaciones que deben admitirse siempre que concurran los presupuestos generales que la ley toma en cuenta para autorizarlas.

Bajo esas premisas, los camaristas indicaron que la normativa BCRA estatuye en esos puntos el rechazo del banco por adulteración, robo y extravío, supuesto que se verifica cuando el titular de la cuenta corriente y/o tenedor desposeído da aviso inmediato al banco girado del robo, extravío o adulteración.

El fallo apuntó que este aviso impide el pago del cheque por el girado, momento en que nace la obligación del banco de retenerlo cuando se presenta al cobro, resguardando la prueba de una eventual comisión de delito y dejando constancia del rechazo, consignando el motivo.

La mayoría añadió que luego de ello se debe realizar una fotocopia del título en esas condiciones, certificar su autenticidad y entregar dicha copia al presentante del cheque, que lo habilita el ejercicio de las " acciones civiles" conforme el referido artículo 63.

Los magistrados concluyeron que ante denuncia por parte del librador o tenedor desposeído el banco debe remitir el título al juzgado interviniente, pero la normativa no se refiere al interviniente en la acción de cobro sino al que lo hace en el proceso penal originado por la sustracción o adulteración, por lo que, de ser ése el caso, no existiría posibilidad de requerirle al banco su remisión a la Justicia Civil.

Molina de Caminal y Flores subrayaron que la medida preparatoria no puede acogerse y agregaron que el título valor debería ser remitido a la Justicia penal, de así corresponder.

Minoría

A su turno, y en minoría, el vocal Atilio Remigio opinó -si bien es cierto que la circular del BCRA ya mencionada no lo menciona-, no lo es menos que tampoco lo excluye o prohíbe esa actuación, ni a uno ni a otro de las partes por lo debe concluirse que ninguna disposición veda, prohíbe, inhibe o impide la posibilidad de acceder al documento, por la vía peticionada.

Ello, en caso de que ello resulte menester para el diligenciamiento de labores probatorias o, como en el caso, para acreditar la legitimación de los demandados ante la posibilidad de la interposición de excepciones.

La disidencia remarcó que, el artículo 40 de la Ley del Cheque establece la solidaridad de los endosantes para con el portador del cheque, mientras que el artículo 32 establece que si bien el girado debe verificar la regularidad de la cadena de endosos, no está obligado a verificar la autenticidad de las firmas de la cadena de endosos, sino sólo la del depositante.

En virtud de ello, Remigio interpretó que existe la necesidad y/o conveniencia práctica de contar con el original de los cheques rechazados, a fin de acreditar no sólo la legitimación activa del depositante y la pasiva del librador, sino también la pasiva del endosatario, cuya rúbrica no ha sido verificada por el girado, quien se ha limitado a verificar la firma del endosatario depositante. Por ello, se hace necesario contar con el original del instrumento, a fin de proceder a su cotejo en caso de desconocimiento por parte del endosatario de la rúbrica que se le atribuye, teniendo en cuenta que no está obligado a reconocer o desconocer su firma en copia, aunque la misma esté certificada, y más allá de las disposiciones atinentes a la carga de la prueba.