En Estados Unidos, California aprobó, vía referéndum, una iniciativa que prohíbe criar gallinas ponedoras y cerdos en condiciones de crueldad.
Los habitantes de esa jurisdicción de la costa oeste de EEUU le dieron luz verde a una iniciativa popular por la que se eliminan completamente las jaulas para las aves y se amplía el espacio donde crecen los porcinos, asumiendo el posible impacto en los precios que pueda suponer. La medida contó con el aval de la industria agrícola del Estado. Cuenta con el apoyo de más de 200 de las principales empresas de alimentación, incluyendo Walmart, McDonald’s, Taco Bell o Burger King, que se comprometieron a “usar productos de animales no enjaulados”.
La denominada “Proposición 12” fue aprobada con más de cuatro millones de votos (61 por ciento).
Actualmente, la legislación californiana establece que las gallinas ponedoras, los cerdos de cría y los terneros deben ser capaces de darse vuelta por completo en sus jaulas, acostarse y ponerse de pie con sus extremidades completamente extendidas.
Ahora, con la nueva legislación, el espacio obligatorio se amplía y a partir de 2022 las gallinas deberán ser criadas sin jaulas.
En el caso de los cerdos, “Proposición 12” exige un mínimo de 2,2 metros cuadrados en las jaulas a partir de 2020.
Además, prohíbe vender en el Estado, el mercado más grande de Estados Unidos, productos avícolas y porcinos de jurisdicciones que no cumplan esos estándares.
Desde 2008, California -también por voto popular- dispuso que los animales debían tener suficiente espacio para moverse, con el fin de evitar condiciones de cría crueles en las granjas. Sin embargo, la norma no contenía los requerimientos específicos que la nueva proposición explicita. La medida tuvo el apoyo de organizaciones de defensa de los animales pero también fue criticada por grupos como Peta, para el cual no va lo suficientemente lejos en garantizar condiciones dignas para los animales.
La oficina independiente que asesora al gobierno de California sobre el impacto fiscal de las medidas populares calcula que habrá un aumento de precios para los consumidores, una disminución en la recaudación de impuestos sobre las empresas agrícolas y que el Fisco local tendrá que gastar unos 10 millones de dólares para hacer cumplir la ley.