“Derecho al olvido”: resaltan la importancia de la información de interés público

En la segunda audiencia por ese tema ante la Corte Suprema, el procurador fiscal sostuvo que el proceso tiene que enfocarse en el marco de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión adaptadas al entorno digital

En la segunda audiencia pública realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Denegri, Natalia c/ Google INC s/Derechos personalísimos” , el procurador fiscal Víctor Abramovich ratificó el contenido del dictamen que emitió en diciembre pasado.

Al hacer uso de la palabra, el funcionario dijo que el expediente presenta “un problema constitucional relevante y novedoso”.

Cabe recordar que hace dos años, la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que dispuso, en línea con el pedido de la demandante, que Google Inc. suprimiera toda vinculación de sus buscadores, tanto de Google como de Youtube, de las palabras “Natalia Denegri”, “Natalia Ruth Denegri” o “Natalia Denegri caso Cóppola” y cualquier imagen o video en el que se exhiban eventuales escenas que pudo haber protagonizado la mujer, cuyo contenido pueda mostrar agresiones verbales o físicas, insultos, discusiones, canto y/o baile, así como “videos de posibles reportajes televisivos en los que la actora hubiera brindado información de su vida privada”.

El decisorio ordenó también que en la etapa de ejecución de la condena la actora individualice las URL que violen lo dispuesto y que eventualmente Google Inc. haya omitido desindexar, con el objetivo de adoptar también la medida que corresponda.

La compañía presentó un recurso extraordinario ante la Corte. Ésta, luego de escuchar organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, letrados y a las partes, resolverá.

El procurador explicó que los buscadores de Internet tienen la capacidad de elaborar perfiles y que en todo el mundo se discuten marcos regulatorios para los servicios de búsqueda.

Citó el precedente “Belén Rodríguez”, de 2014, en el cual la CSJN fijó un marco jurídico para la protección de derechos fundamentales.

Para Abramovich, el caso Denegri debe ser encuadrado en el marco de las garantías constitucionales que amparan la libertad de expresión adaptadas al entorno digital.

En esa línea, indicó que los servicios que brindan los motores de búsqueda, además de su interés económico, cumplen una función social y configuran una actividad “que está íntimamente relacionada con la libertad de expresión” en la web.

Afirmó que la Máxima Instancia ya estableció que existe un derecho de los usuarios de Internet de buscar y acceder a la información y que ese derecho es más intenso cuando involucra información pública.

Bajo esa premisa, consideró que las medidas de bloquear vínculos y desindexar ciertos contenidos vedan el acceso informativo y que este tipo de “medidas extremas” constituyen severas restricciones de la libertad de expresión, incluso cuando aquéllos estuvieron disponibles mucho tiempo.

Además, ponderó que inhibir ciertos resultados en los buscadores interrumpe el proceso comunicativo porque se dificulta mucho la tarea de hallar datos.

Sobre el caso, valoró que son información de interés público todos los aspectos vinculados con su cobertura, con todas sus aristas.

“Las peleas y discusiones en torno al tema revisten interés público”, aseveró, y agregó que la información que se pretende reservar en el expediente surge de archivos digitales de medios de comunicación masivos y de transmisiones de canales de televisión abierta, en los años 90, con amplias audiencias.

Abramovich recordó que Denegri era y es una “persona pública”, reiteró que la desindexación de contenidos y el bloqueo de enlaces equivale a interrumpir el proceso comunicativo y citó el caso “Paquez”, de la Corte, que precisó que las restricciones a la circulación de información sólo pueden tomarse en casos absolutamente excepcionales.

Análisis problemático

“La Cámara reconoce que no existe una afectación de la privacidad porque la actora se expuso, pero plantea una afectación del derecho a la reputación y es problemático ese análisis”, mencionó el procurador durante su alocución.

En ese marco, dijo que las “personas públicas” tienen derecho a su reputación pero también un “umbral más alto” de tolerancia respecto de lo que pueda decirse de ellas, sumado a que tienen la posibilidad de acudir a los medios para rebatir lo que se diga.

Abramovich consideró que la cámara se equivocó en el análisis que hizo sobre el interés público de la información y que se pretende deslindar ciertos contenidos periodísticos por una falta de “calidad artística” o por carecer de valor informativo.

“La calidad periodística es una variable subjetiva y difícil de controlar desde el Poder Judicial”, explicó, y sostuvo que también fue un error considerar que el paso del tiempo “apaga” el interés público.

“Puede que apague un interés periodístico pero eso no determina el interés público”, señaló.

En el final de su exposición, citó al jurista estadounidense Robert Post, quien señaló que Internet es el lugar de discusión pública y que los servidores de búsqueda cumplen una función esencial en esta esfera pública virtual, además del interés económico.

“Para que el discurso público pueda contribuir al ejercicio democrático debe respetar pautas mínimas de civilidad, pero al imponer reglas de civilidad se corre el riesgo de obstaculizar el debate público y la libertad de expresión”, concluyó el procurador Abramovich.

Por su parte, los defensores del Pueblo bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires respaldaron el pedido de Denegri en su demanda, mientras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) destacaron el valor de la libertad de expresión y que las restricciones "deben ser excepcionales".