ESCUCHARLa vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), María Esther Cafure de Battistelli, sostuvo que las acciones llevadas a cabo por el Alto Cuerpo durante 2009 facilitaron el acceso a la Justicia de víctimas por violencia familiar.
Según sostuvo la magistrada, pese a que la cantidad de denuncias crece a un ritmo de 7 por ciento anual, contar con un sistema estadístico permitió precisar los lugares en donde existen mayores situaciones de esta índole y, con ello, permitió la instalación de oficinas y secretarías judiciales especiales y pedidos de habilitación de partidas presupuestarias para la creación de nuevos juzgados de Familia en zonas críticas.
“Cuando las bases estadísticas están a la vista, la negativa a crear los nuevos tribunales se hace mucho más difícil, porque el problema queda totalmente expuesto”, aseguró la vocal decana del TSJ.
Destacó el impulso que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratamiento judicial de la violencia doméstica: “Le da una presencia nacional que implica que ya nadie se puede hacer el desentendido. De alguna forma, o imitando el modelo nacional o de otra, según las características de cada lugar, debe haber una respuesta judicial a este fenómeno de violencia. Se ha visibilizado el problema y ya no se puede decir que no existe”, agregó.
La jueza resaltó también que se deben articular políticas con los demás poderes del Estado. En esa línea, explicó que el Poder Judicial trabaja en conjunto con el Ejecutivo local, del cual el Ministerio de Justicia aporta tareas de diagnóstico y seguimiento de la problemática y da respuesta a los requerimientos judiciales.
Al respecto, Cafure precisó que se han desarrollado programas específicos para habilitar el mercado laboral a las personas que han sido víctimas de violencia familiar, tales como darles preferencia para acceder a los planes “Jefes y jefas de hogar u Hogar Clase Media”.
“En esta acción conjunta, los resultados positivos están a la vista. Por supuesto que nunca son suficientes, porque el problema no disminuye. El Poder Judicial actúa sobre la enfermedad, tratando de mitigarla o de evitar recaídas o agravamientos, pero la política de prevención y de educación de esta situación no se realiza”, advirtió.
A pesar de ello, señaló que la Justicia realiza acciones en materia de prevención, como es el programa “Los jueces van a la escuela”, en el cual se trata de enseñar y modificar parámetros violentos para resolver los conflictos.
“Es un primer paso que a posteriori va a incidir en la conducta de estos chicos y en la forma de resolver sus conflictos, porque los conflictos no van a desaparecer, van a existir siempre. Creo que es un paso interesante que ha dado el Poder Judicial en materia educativa”, indicó.
