El juez Rafecas entenderá en el planteo de la Oficina Anticorrupción. Quedó bajo la mira un contrato de alquiler de salas que venció en 2012 pero que se siguió pagando hasta 2016
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció ante la Justicia federal a los ex titulares del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) Alejandro Cacetta, a la diputada nacional por el Frente para la Victoria (FpV) Liliana Mazure, y a María Lucrecia Cardoso, por la presunta comisión del delito de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. La presentación quedó a cargo del juez Daniel Rafecas.
La denuncia de la OA incluye también al ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito; a los ex gerentes del Incaa Raúl Seguí y Rómulo Pullol, y al ex coordinador de Espacios, Juan Zaffanella.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo encabezado por Laura Alonso indicó que cuestionó la contratación del complejo de salas “Artecinema”, perteneciente a la empresa Grupo Aleph SA.
La OA detalló que en el contrato se acordó que el Incaa haría uso de las instalaciones entre mayo y diciembre de 2011 y que si bien el pacto se prorrogó un año, los pagos continuaron hasta junio de 2016. Además, precisó que se extravió el expediente del acuerdo.
En tanto, indicó que durante 2015 el Incaa abonó la suma de 66.550 pesos mensuales, y que ello se debió al “arbitrario e infundado criterio de los funcionarios”.
Además, la OA señaló que la empresa Grupo Aleph, sin sustento legal, retuvo 50 por ciento de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, pese a que en el pacto de 2011 se estableció claramente que la totalidad de los ingresos eran para el Incaa.
Por otra parte, la OA denunció la presunta contratación irregular de servicios de traslados en automóviles y ómnibus en el país para diversos eventos, desde noviembre de 2015 hasta diciembre de 2016, por un valor de 1,8 millón de pesos.