ESCUCHARLa Fundación para la defensa del ambiente, FUNAM, denunció penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para construcción de un reactor nuclear chino. La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal de Campana, Buenos Aires, por el biólogo Raúl Montenegro y el abogado Juan Smith con el patrocinio del abogado Fabian Maggi.
“El reactor chino, experimental y con escasa experiencia de funcionamiento, ya sufrió un accidente en China. Costará más de 13.000 millones de dólares y produciría, junto a Atucha I y II, menos de un 8% de la energía eléctrica que consume Argentina”, advirtieron en el comunicado difundido a los medios.
Asimismo solicitan que hasta tanto se haga la Evaluación de Impacto Ambiental se “suspendan los efectos del ilegal contrato celebrado”.
La fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), informó que Raúl Montenegro y Juan Smith, con patrocinio legal de Fabián Maggi, “denunciaron penalmente al Director de Nucleoeléctrica Argentina, José Luis Antúnez, por haber firmado contrato para la construcción del reactor nuclear chino Hualong One en abierta violación a leyes argentinas”.
El gobierno nacional pretende que Atucha III sea de tecnología china, una planta entregada llave en mano, y alimentada con uranio enriquecido.
La denuncia fue presentada ante el Fiscal Federal de Campana, Sebastián Bringas, en la provincia de Buenos Aires.
Según mencionan en dicho informe el contrato firmado, impondría además al país riesgos considerables para nuestro país. “En caso del peor accidente posible, nivel 7 en la escala del INES (*) “además de las víctimas por contaminación radiactiva, provocaría un colapso territorial y económico en el centro del país. Incluso podría afectar la mayor parte de Uruguay”, advirtieron desde FUNAM.
En la presentación judicial, Montenegro, y Smith, concretaron “formal denuncia por la probable comisión de delitos de acción pública, contra funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional y de la Provincia de Buenos Aires, y contra quienes resulten responsables de la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público, previstos en los artículos 248, 249 y 293 del Código Penal” o el delito “que el Fiscal considere se ajuste a lo denunciado”.
Falta de preparación ciudadana. Montenegro también indicó que tanto el gobierno nacional actual, como los anteriores, “vienen decidiendo la instalación de reactores nucleares de potencia e investigación como si fueran fábricas de galletitas, violando impunemente leyes que todos debemos cumplir sobre Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública”.
El biólogo, también recordó que ya existen cerca de la ciudad de Pilar “los reactores Atucha I y II en operación, y un CAREM-25 en construcción”. “El señor José Luis Antunez que firmó ilegalmente el contrato con China, y los funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires que lo acompañaron en esa firma, han comprometido gravemente la seguridad de Argentina. No solamente aumentan la peligrosidad del complejo Atucha, sino que omiten explicarle a la sociedad que en caso del peor accidente posible, un reactor como el Hualong One chino puede afectar gravemente a las personas, y al ambiente, en un radio de 500 a 700 kilómetros”, agregó.
“Peor aún, el Estado Nacional ni siquiera preparó a los habitantes de varias provincias para enfrentar accidentes posibles nivel 7 que pudieran sufrir Atucha I o II. Apenas realizan unos simulacros para accidente menor, 10 kilómetros alrededor de cada planta. No hay además suficientes hospitales aptos, ni personal especializado para tratar los casos de personas contaminadas radiactivamente”. “Tampoco consideraron, como ha quedado dramáticamente demostrado en Ucrania, que la presencia de reactores nucleares de potencia, en este caso concentrados en Lima, nos torna muy vulnerables a ataques terroristas y conflictos de todo tipo. Ni los reactores nucleares de potencia, ni sus depósitos de combustible nuclear agotado, pueden resistir por ejemplo el choque de un avión comercial de gran porte”, señaló Montenegro.
“La decisión que tomó el señor José Luis Antunez con el apoyo de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires solo beneficia a la corporación china, a sus empresas asociadas en Argentin, y al lobby nuclear local. Fomentar la peligrosa energía nuclear de potencia en un país como Argentina, que tiene generosas fuentes convencionales y alternativas, es un acto de irresponsabilidad que compromete el presente y futuro de muchas generaciones de argentinos”, valoraron desde el comunicado.
Los residuos radiactivos de Atucha I y II –al igual que los residuos altamente radiactivos que produciría el Hualog One chino- son peligrosos por más de 200.000 años. Todo para producir raquíticas cantidades de energía eléctrica”. Mientras en Estados Unidos el proceso de evaluación y autorización de una nueva central nuclear demanda unos 12 años, y el proceso de interacción con vecinos y comunidades afectadas –dentro de esos 12 años- insume unos 3 años, en Argentina se firman alegremente contratos ignorando las leyes y la opinión de las personas”.
Argentina es el único país de América Latina y Caribe que sufrió el peor accidente nuclear de la región, nivel 4 en la escala del INES, y tiene el dudoso privilegio de tener la primera víctima fatal y 17 personas contaminadas en el accidente del reactor RA-2 de Constituyentes, en 1983.
Desinformación. Smith además precisó: “Por un lado se les consulta a los pueblos, temas como inflación, desocupación e inseguridad, si tienen como prioridad el cuidado del ambiente y la salud, y por el otro se los mantiene desinformados respecto de emprendimientos públicos y privados de alto impacto en sus vidas, como es por ejemplo la instalación de una central nuclear de potencia.”
Por su parte, Maggi expresó: “el marco normativo que se confronta en la denuncia responde a los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 41 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de pactos internacionales –artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 7 del ‘Acuerdo de Escazú’- y del incumplimiento de numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566, y provinciales, como la ley 11.723, entre otras”.
