Ocho de cada diez mujeres travestis y trans condenadas por la Justicia lo fueron por delitos relacionados con drogas tipificados en la ley de estupefacientes (N° 23737) o en el Código Aduanero (ley N° 22415), según un estudio de la Dirección General de Políticas de Género (DGPG), en el que también se muestra que en 84% de los casos las mujeres travestis y trans fueron condenadas mediante el procedimiento de juicio abreviado y que en 16% se arribó a una condena luego de un juicio oral. En 74% de los casos, la modalidad fue de cumplimiento efectivo, mientras que en 26% la pena fue dejada en suspenso.
El análisis revela que, pese a la vigencia de la Ley de Identidad de Género, en 84% de los casos relevados las mujeres travestis y trans no contaban con un DNI de acuerdo con su género autopercibido; por el contrario, sólo 16% lo poseía. Esta situación obedece a múltiples factores: obstáculos institucionales y su condición de grupo en situación de vulnerabilidad, entre otros
De los resultados de las encuestas dirigidas surgió, entre otras cosas, que 58% consideró que su identidad de persona trans o travesti fue una barrera para acceder y permanecer en el sistema educativo formal. Situación similar ocurre en el ámbito laboral, en el que la mayoría de las encuestadas identificó barreras para acceder a un empleo formal. Además, 90% manifestó haber estado en situación de prostitución en forma previa a su detención.