Dejan sin efecto la absolución de un gendarme acusado de abuso sexual

Concluyeron que el testimonio de la víctima no fue valorado como correspondía. El hecho ocurrió mientras la mujer estaba privada de su libertad

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por unanimidad, dejó sin efecto una sentencia que absolvió a dos gendarmes a quienes se acusó de abuso sexual contra una mujer, durante su detención en dependencias de la Gendarmería Nacional, que tendrían como autor a un jefe de guardia .

En el caso, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por la parte querellante contra la sentencia por la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa decidió la absolución de los acusados en orden a los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado (cinco hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal (tres hechos), atribuidos a uno de los acusados en carácter de autor y, al otro, en calidad de partícipe necesaria.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti coincidieron con el dictamen del procurador General interino Eduardo Casal , quien opinó que correspondía hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto y revocar el fallo.

El dictamen del titular del MPF puso de relieve que en los fallos dictados por el tribunal de juicio y por el revisor, el testimonio de la víctima no fue valorado de forma adecuada al estándar legal y jurisprudencial nacional e internacional en materia de género .

Según la pieza acusatoria, l a víctima fue accedida carnalmente por el jefe de guardia R. y obligada a practicarle sexo oral, mientras que A. D., también detenida allí, la amedrentó para que no se opusiera a esos abusos .

En un duro dictamen, Casal destacó que, de acuerdo con lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en numerosos precedentes, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental en esta clase de agresiones, debido a que éstas suelen ocurrir en ausencia de otras personas y no se puede reclamar o esperar pruebas gráficas o documentales.

Agregó que en el análisis de las declaraciones prestadas por la víctima de violencia sexual se debe tener en especial consideración que se refieren a un momento traumático, cuyo impacto puede derivar en determinadas imprecisiones al recordarlo, por lo que cabe reconocer particular relevancia a las circunstancias propias del caso y de la víctima por sobre las diferencias que pudieren surgir entre sus términos -las que no necesariamente llevan a desacreditarla-, y corresponde también valorarlas tomando en cuenta el significado comúnmente dado a las palabras utilizadas, el cual no necesariamente tiene que coincidir con su definición jurídica. Lo relevante -señaló Casal de acuerdo con el tribunal internacional- “es evaluar si los hechos descriptos, y no la calificación jurídica dada a los mismos, fueron consistentes”.

El procurador indicó que, en el caso, el tribunal oral primero y luego el revisor no tuvieron en cuenta esos criterios, dado que cuestionaron la confiabilidad del testimonio de la víctima por la diferencia que habrían advertido en sus declaraciones acerca de la cantidad de veces que fue abusada sexualmente -sin perjuicio de que, además, no fueron exactos en esa referencia-, y por el término que ésta habría empleado -“acoso”- en oportunidad de denunciar los hechos a otro custodio.

En tal sentido, el fiscal hizo hincapié en la necesidad de evitar patrones socioculturales discriminatorios que pueden llevar a descalificar la credibilidad de la víctima -ya sea por su forma de vestir, por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o parentesco con el agresor- y provocar inacción de los fiscales, policías y jueces ante denuncias de este tipo de hechos. Sobre este aspecto, expuso que la Cámara de Casación convalidó la valoración que el tribunal oral hizo de la declaración de la víctima, con base en un estereotipo según el cual una mujer que fuese desenfadada en sus expresiones o comportamientos sexuales con alguna persona en particular no podría proceder con timidez al referirse a hechos de violencia sexual de los que fue víctima.

En otro tramo de su dictamen, Casal recordó que “la ineficacia judicial frente a casos individuales de violencia contra las mujeres propicia un ambiente de impunidad que facilita y promueve la repetición de los hechos de violencia en general y envía un mensaje según el cual la violencia contra las mujeres puede ser tolerada y aceptada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad de las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Dicha ineficacia o indiferencia constituye en sí misma una discriminación [de la mujer] en el acceso a la justicia”.