Declararon procedente extradición de una ciudadana rusa requerida por financiamiento del terrorismo

Asimismo, descartaron suspender el trámite porque es madre. El proceso se inició en diciembre de 2020, cuando la mujer acudió a la Dirección Nacional de Migraciones para tramitar su residencia. Al ingresar sus datos al sistema surgió una orden de detención a pedido de Interpol. Se sospecha que aportó dinero para financiar a la organización Estado Islámico

Luego del debate del juicio de extradición, que debió ser distribuido en dos jornadas por la complejidad del caso y la necesidad de traducción simultánea, el magistrado subrogante a cargo del Juzgado Federal Número1 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, declaró procedente la extradición de u na ciudadana de la Federación Rusa acusada del delito de financiamiento del terrorismo , requerida por su país.

La decisión fue en línea con lo solicitado por la fiscal Laura Mazzaferri, quien contó con la colaboración de Diego Solernó, titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación.

También en sintonía con la solución propuesta por la fiscalía, el juez dispuso que se pondrá en conocimiento de las autoridades rusas el tiempo de privación de la libertad al que estuvo sometida la encausada durante el trámite de extradición.

El proceso se inició el 15 de diciembre de 2020, cuando la mujer acudió a la sede de la Dirección Nacional de Migraciones de Mar del Plata con la intención de tramitar su residencia.

Al ingresar sus datos al sistema informático, surgió la orden de detención a pedido de Interpol Rusia, vinculada con el delito de financiación del terrorismo.

“El planteo de una posible persecución se presenta como meramente conjetural en tanto que, por otro lado, el país requirente, como ha dicho la fiscalía en sus alegatos, ha dado garantías de que no sería sometida a tratos crueles y que se le respetaría el derecho de defensa”.

(Del fallo del juez Santiago Inchausti).

A partir de ese momento, intervino personal de la Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina.

Se consultó a Interpol sobre la vigencia de la orden judicial y se puso en contacto con el juzgado, que dispuso judicialmente su detención. Ésta fue cumplida en el domicilio de la encartada, con la anuencia del Ministerio Público Fiscal (MPF), tras el requerimiento de las seguridades necesarias, al considerarse que la requerida es madre y tiene a su cargo exclusivo a una adolescente, a un niño y a una bebé.

Según consta en el fallo, el 22 de enero de 2021 la Embajada de Rusia presentó el formal pedido de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en nombre de su gobierno.

Egipto

Rusia alega que se habrían cometido dos hechos de financiamiento del terrorismo. El primero habría tenido lugar el 22 de octubre de 2014, cuando la mujer transfirió 59.700 rublos desde su tarjeta bancaria a un miembro de la organización terrorista internacional Estado Islámico , que habría recaudado fondos entre el 13 de mayo y el 29 de diciembre de ese año por un monto total de casi cinco millones de rublos (unos 170 mil dólares). El segundo constó en la transferencia de 31.744 rublos a quien sería líder de un grupo que organizó, desde Egipto, la colecta de dinero entre seguidores del Islam radical en Rusia.

Al momento del alegato, el MPF delimitó -en primer término- el marco normativo del juicio, vinculado con dos convenciones: el Tratado Bilateral de Extradición con la Federación de Rusia, vigente para la República Argentina y la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobada por la ley 26024 en el marco de las Naciones Unidas, vigente para ambos Estados.

En relación con el Tratado Bilateral, explicó que, “si bien los hechos imputados son anteriores a su entrada en vigor, hay una cláusula que específicamente establece que su aplicación se ve determinada por la fecha en la que se efectúa el pedido y no por la de los hechos cuestionados”.

Sobre los requisitos que tornan procedente la extradición, precisó que se cumplieron las tres condiciones positivas: doble incriminación, penalidad mínima y requisitos formales.

Asimismo, en relación con las causales de denegación de la extradición, la fiscalía desarrolló los argumentos por los cuales entendía que no se había acreditado en el caso la existencia de un riesgo concreto, actual y personal respecto de que la requerida fuera a ser perseguida en razón de sus convicciones religiosas, así como tampoco sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes o que no se vayan a respetar sus debidas garantías judiciales. Ello, con base en los parámetros internacionales requeridos para la aplicación de esas causales y del principio de no devolución.

En este sentido, resaltó las garantías específicas brindadas por la Federación de Rusia , que las cuestiones atinentes a la solicitud de asilo impetradas ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) resultan independientes del proceso de extradición en curso y que, en cuanto a este último, se trata de un procedimiento complejo en el que también interviene el Poder Ejecutivo Nacional, que podrá evaluar cuestiones que son de su exclusiva competencia.

En la primera audiencia también alegó la defensa, que se opuso al progreso de la extradición acompañando la voluntad de su asistida, citando la existencia de impedimentos formales y la configuración de causales de denegación.

Cuarto intermedio mediante, las partes volvieron a encontrarse a través de una audiencia virtual, en la que se oyeron las réplicas y dúplicas.

El MPF hizo hincapié en las garantías ofrecidas por la Federación de Rusia y en la buena fe imperante en las relaciones internacionales, entre las cuales citó el ofrecimiento de que funcionarios consulares argentinos en Rusia sigan la situación de detención de la requerida, en caso de ser extraditada. A esto sumó la posibilidad, conforme precedentes de la Corte Suprema, de que el juez interviniente le haga saber al Estado requirente, al momento de conceder la extradición, las circunstancias particulares del caso (situación familiar de la mujer).

Recibidas las dúplicas de las defensas, el juez dispuso cuarto intermedio para dictar sentencia.

En su fallo, consideró que se cumplieron los requisitos formales para avanzar con el pedido de Rusia. “Debe tenerse en cuenta que el proceso de extradición no es un juicio sobre la culpabilidad de la persona requerida sino de las formas de los pedidos de extradición y que en él no caben otras discusiones que las referentes a la identidad del requerido y a la observancia de los requisitos exigidos por las leyes y los tratados aplicables”, precisó.

Género o religión

El magistrado enfatizó que todas las medidas de prueba solicitadas por la defensa fueron proveídas y producidas pero que, sin embargo, no se demostró que el pedido de extradición obedezca al propósito de persecución por razones de género o religión. “No alcanza con invocar aisladamente haber estado sometida a una investigación penal o que esa investigación penal haya avanzado para justificar aquel propósito en este caso concreto; en tanto algunos de los informes requeridos a organismos no gubernamentales descartarían una persecución religiosa de la comunidad musulmana (informe del Comité de Asistencia Cívica SOVA), otros hacen mención a casos aislados y menciones genéricas que no guardan relación con el caso concreto de la requerida o su entorno (informe de Amnesty Internacional) ”, determinó.

“El planteo de una posible persecución se presenta como meramente conjetural en tanto que, por otro lado, el país requirente, como ha dicho la fiscalía en sus alegatos, ha dado garantías de que no sería sometida a tratos crueles y que se le respetaría el derecho de defensa”, ponderó Inchausti.

“Tenemos constancia formal de que la requerida ha iniciado el trámite de solicitud de refugio ante el Comité de Elegibilidad para Refugiados (Cepare) con fecha anterior al presente proceso de extradición, y que dicho organismo aún no ha informado que haya adoptado una decisión firme en punto a dicho pedido”, reseñó el sentenciante, aclarando que ese trámite no es causal de suspensión del juicio de extradición; máxime, si la persona requerida se encuentra detenida.

El juez detalló que ello es así porque en una eventual etapa de decisión final, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, se mantiene incólume la obligación de non refoulement que consagra el artículo 7 de la Ley General de Reconocimiento y Protección del Refugiado, Nº 26165.

Hijos menores

Otro de los puntos planteados por la defensa se refirió a la situación familiar de la requerida, por razones humanitarias. Al respecto, el juez expresó que el Tratado de Extradición bilateral aplicable no contempla, entre las causales para denegar la extradición, razones relativas a la tenencia de hijos menores por parte de la persona requerida.

Paralelamente, indicó que aquel instrumento regula como motivo de aplazamiento sólo razones de peligro para la vida o la salud o el trámite de una causa penal en el país requerido. “Fuera de esos casos, rige la obligación de entregar inmediatamente a la persona requerida”, enfatizó.