La Sala VI de la Cámara del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de dos decretos firmados en 1991 y 1992, que permitían a empresas navieras regirse por legislación laboral extranjera, dejando de lado las leyes nacionales y los convenios colectivos de trabajo. La causa la iniciaron cinco trabajadores despedidos por la empresa Esso en 2007. Se enfatizó que al dictarse el decreto 1772/91, sus prórrogas y el 817/92, se violaron derechos derivados de la libertad sindical y relativos a la garantía de negociación colectiva libre y voluntaria.
“Los actores tenían derecho a que sus contratos con la demandada estuvieran regidos por la legislación argentina”, concluyó en tribunal.
