Declaran derecho a percibir acreencias en préstamos garantizados

Pese a admitir la pretensión del accionante, de reclamar al Estado nacional -en función de ser el que los suscribió- el pago de los servicios de capital y renta de los contratos de préstamos garantizados, por él suscriptos, el juez federal Ricardo Bustos Fierro (Juzgado Nº 1 de Córdoba) no declaró la inconstitucionalidad de los decretos que dictó el Poder Ejecutivo Nacional en el contexto de emergencia financiera, al expresar que “no se advierte un relevante menoscabo del derecho de propiedad del acreedor titular del préstamo garantizado si se le abona la obligación en los tiempos pactados aunque modificada la moneda de origen en una relación de 1 dólar =$ 1,40 + CER + intereses del 3% al 5% anual”.
El fallo no vislumbró que el decreto 471/02, que modificó las condiciones originarias de los préstamos garantizados configure una grave lesión a los intereses del inversor demandante, pues no se demostró que el Estado nacional, al efectuar el ‘arreglo de la deuda’, “haya impuesto condiciones que comportasen actos confiscatorios y/o que condujesen a una privación de la propiedad o degradación sustancial del crédito”.

“Es más –prosiguió el fallo en Israilevich Guillermo c/ Banco Galicia y otro, ordinario- , en tales condiciones se considera que el nuevo mecanismo ideado para reestructurar la deuda en cesación de pago se exhibe como razonable en atención a su virtualidad para amalgamar los distintos elementos que deben ponderarse en una operación de este tipo”.
En virtud de lo expuesto, y siguiendo los antecedentes judiciales establecidos por ambas salas de la Cámara Federal de Córdoba en “Pérez Arias Raúl Alfredo c/ EN- PEN” y “Sociedad de Acopiadores de Granos de la Provincia de Córdoba c/ EN”, se declaró el derecho del actor a percibir sus acreencias en préstamos garantizado, conforme las condiciones fijadas por el decreto 471/02 según plazo de vencimiento.

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