Declaración de incapacidad no implica necesariamente cancelar el derecho a votar

La Cámara señaló que, si bien la convención internacional sobre la materia establece que los Estados parte deben asegurar el sufragio de las personas con discapacidad, la cláusula no incluye a los “dementes declarados en juicio”. [privado] El procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich, dictaminó que corresponde revocar una sentencia que mantuvo la declaración de incapacidad absoluta de G. J. y confirmó la denegatoria de su derecho de votar. Según Abramovich, debe dejarse sin efecto el fallo de la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó el rechazo del pedido de rehabilitación de G. J. y mantuvo su declaración de incapacidad absoluta por demencia, en los términos del artículo 141 del Código Civil. A su turno, la Alzada sostuvo que la inhabilidad para votar de G. J. responde a lo previsto en el artículo 3, inciso a, del Código Electoral Nacional, en tanto excluye expresamente del padrón electoral a “los dementes declarados tales en juicio”. En esa línea, consignó que la norma no fue derogada sino complementada por la Convención Americana de Derechos Humanos, por la Ley 26657 (Derecho a la Protección de la Salud Mental) y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, señaló que -si bien el artículo 29 de ese instrumento internacional establece que los Estados parte deben asegurar el voto de las personas con discapacidad- la cláusula no incluye a “dementes declarados tales en juicio”. Contra esa posición, la curadora pública afirmó que promovió la rehabilitación de G. J. motivada por los resultados de diversos informes sociales e interdisciplinarios que plasmaron los avances y mejoras en su salud psicofísica. La funcionaria acotó que, si bien G. J. requiere supervisión, es una persona autónoma, que se hace entender, que podría prestar su consentimiento informado, que comprende situaciones cotidianas y que expresó su deseo de votar. Sistema de apoyo Asimismo, opinó que no se podía excluir a su representado del sistema electoral sin antes corroborar si cuenta o no con discernimiento para emitir el sufragio y que, en caso de detectarse alguna dificultad para el ejercicio autónomo de ese derecho, se debe implementar un sistema de apoyo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El procurador opinó que el recurso extraordinario fue bien concedido, ya que el decisorio en crisis puede generar perjuicios de muy difícil o imposible reparación ulterior, al cancelar la posibilidad de que G. J. pueda ejercer su derecho al voto. “La incapacidad de G. J. para ejercer su derecho al voto no debió determinarse en forma automática como consecuencia de su declaración general de incapacidad, reproduciendo el viejo modelo de incapacitación”, subrayó. Abramovich manifestó que el tribunal debió decidir a la luz de los principios y garantías inherentes al “modelo social de la discapacidad adoptado por la Constitución Nacional y las normas legales reglamentarias”, que imponían realizar una evaluación pormenorizada y específica sobre la aptitud de G. J. para votar y, en su caso, “designarle apoyo” en caso de concluir que presentaba alguna dificultad para el ejercicio autónomo de ese derecho. El procurador recordó que la incorporación al ordenamiento jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad produjo “un cambio profundo del enfoque acerca de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental”. En su dictamen, subrayó que se abandonó el sistema de sustitución y subrogación de la voluntad y se lo reemplazó por un “modelo social de la discapacidad”, que concibe a quienes las padecen como titulares y sujetos plenos de derechos, con capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. También detalló que determina que se debe disponer un sistema de toma de decisiones, con apoyos y salvaguardas “proporcionales y revisables periódicamente”. Paralelamente, precisó que ese modelo fue consagrado con mayor amplitud en el nuevo Código Civil, que reconoce que la capacidad general se presume y que la limitación para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y que se impone en beneficio de la persona. Así, para el procurador, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional, G. J. es capaz para ejercer el derecho al voto. “Las personas con discapacidad mental han sido objeto de una exclusión sistemática del cuerpo electoral y su padecimiento ha sido considerado históricamente como un factor determinante para negar el ejercicio de la ciudadanía política”, argumentó, acotando que esa exclusión tiene un doble aspecto, pues afecta a quienes resultan marginados, pero también “al pueblo en su conjunto”, ya que -según entiende el funcionario- debilitan la representación y el sistema democrático. [/privado]

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