Hubo cuestionamientos sobre el uso de los automóviles judicializados que fueron entregados a algunos legisladores. Se conoció la larga lista de multas que pesan en contra del dirigente peronista
La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó este miércoles el pedido de licencia, por 15 días, de su presidente provisorio -tercero en la línea sucesoria de la Provincia-, el legislador de Hacemos por Córdoba (HpC) Oscar González, envuelto en un escándalo luego de protagonizar un choque en el camino de las Altas Cumbres, que dejó como saldo una docente muerta y dos adolescentes internadas en terapia intensiva.
Además de aprobar un proyecto de declaración en el que se expresa pesar por la mujer fallecida, hubo duros cuestionamientos de la oposición, que solicitó al vicegobernador Manuel Calvo, como autoridad de la Legislatura, y a Francisco Fortuna, como titular de la bancada del oficialismo, explicaciones sobre los vehículos judicializados que fueron entregados al González.
Los legisladores indagaron sobre las razones por las cuales se solicitaron autos al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de cuál es el criterio que utiliza la Legislatura para el uso de aquéllos.
Según se conoció, en total son nueve los automóviles que fueron asignados a la Unicameral cuatro de los cuales para el uso de González y el resto para los legisladores de HpC Miguel Ángel Majul y Dardo Iturria. También les fueron asignados vehículos a Orlando Arduh, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, y a Juan Jure, titular de la bancada de Juntos UCR; y al legislador del PRO Darío Capitani.
Fortuna se excusó explicando que “quien tiene la competencia en lo que significa la ejecución de la ley 8850 es el TSJ”.
Sobre el manejo que González hacía de la flota de autos que quedó bajo su órbita, entre los que se encontraba el BMW X1 -con patente clonada- que manejaba el sábado del accidente, Fortuna dijo que se debía a su “responsabilidad institucional”.
“Cada legislador tiene la responsabilidad de mantenerlo en guarda y después explicar y dar las razones para el cumplimiento de sus funciones”, expresó el jefe de la bancada de HpC.
La causa penal
Sobre el trágico accidente, González aún no dio su versión sobre lo ocurrido. Su abogado, Miguel Ortiz Pellegrini, aseguró que el legislador “no recuerda nada” producto del shock postraumático.
Ortiz Pellegrini también se refirió al pedido de los familiares de las víctimas para que la fiscal de Villa Dolores, Analía Gallaratto, modifique la imputación de homicidio culposo agravado por la de homicidio con dolo eventual –figura aplicada contra Alan Amoedo en el juicio de la “tragedia de la Circunvalación”-, que agrava la pena de prisión.
“Compartimos el dolor de los familiares pero no creemos que haya que cambiar la imputación”, dijo el defensor del legislador de HpC. En el caso Amoedo había circunstancias que daban que pensar que alguien que sale a manejar bajo los efectos del alcohol y drogado, se podía representar que podía causar una muerte, pero este no es el caso”, señaló.
Los antecedentes de conducción de vehículos de González no son buenos. Tiene numerosas multas, algunas por exceso de velocidad. El certificado que emite Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) dice que Oscar González “no cumple los requerimientos” para obtener la licencia, y especifica que de las cuatro actas por infracciones en su historial, adeuda dos: la del 17 de junio y la del 19 de julio de este año.
Por este motivo, el legislador recurrió a obtener el carnet de conductor en la localidad de Las Tapias, trámite que completó el pasado 7 de enero. Al no estar integrado al Repart, ese municipio otorga “en el acto” licencias de conducir a personas que no tienen domicilio ahí, como es el caso de González.
Reglamento para los autos judicializados
El Poder Judicial de Córdoba divulgó, mediante un comunicado, el listado de vehículos secuestrados que entregó en distintos momentos, de los cuales disponen distintos legisladores provinciales.
En él se pudo determinar que la SUV marca BMW, modelo X1, con patente apócrifa, que conducía González el pasado sábado, había sido cedida en esos términos hace tres años por el TSJ “para ser afectado a la función pública que el mismo (González) desarrolla”.