ESCUCHAREl ex presidente Fernando de la Rúa reiteró ayer ante el juez federal Claudio Bonadío que en las jornadas que precedieron su caída, en diciembre de 2001, “no hubo ninguna orden de represión” del Gobierno contra los manifestantes y volvió a atribuir los desmanes a “un golpe civil” en su contra por parte del PJ bonaerense.
De la Rúa amplió su declaración en la causa en la que está imputado por el delito de “homicidio culposo” de cinco personas y por las lesiones sufridas por otras 234 en las inmediaciones del Obelisco y Plaza de Mayo.
“Hubo un golpe civil e institucional”, afirmó De la Rúa y responsabilizó por ello “al justicialismo de la provincia de Buenos Aires, que tuvo como fin llevar a (Eduardo) Duhalde a la Presidencia” y concretamente se lo atribuyó al entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf.
Según la declaración, el ex mandatario también negó que haya participado de una reunión en la residencia de Olivos en la que se habría ordenado la represión policial y subrayó que “quien ordenó el desalojo de la Plaza de Mayo fue la jueza (María Servini de Cubría), creyendo que era lo más conveniente”, aunque consideró que los muertos y los heridos no son responsabilidad de la magistrada.
Reunión
Además, explicó que la única reunión que tuvo en Olivos durante la jornada del 20 de diciembre de 2001 fue con el entonces jefe de gabinete Christian Colombo, tras la cual se retiró en helicóptero a la Casa de Gobierno. Posteriormente relató que esa misma tarde se reunió con el ministro del Interior, Ramón Mestre, en momentos en que llamó Servini de Cubría, y la atendió su hermano Jorge de la Rúa –entonces ministro de Justicia- a quien la jueza le informó que había ordenado el desalojo de la Plaza de Mayo.
Tras ello -explicó el ex mandatario- Mestre “se puso de pie y se retiró a implementar la decisión judicial”.
