¿De dónde viene el Código de Faltas? La teoría de la “Tolerancia Cero”

Continuamos analizando el Código de Faltas vigente en la provincia y abordaremos de dónde surge y por qué se aplica como se aplica.

Por Lucas Gilardone * – Exclusivo para Comercio y Justicia

En 1994, el Poder Legislativo reemplazó el viejo Código de Faltas (CF), heredado de la dictadura, por el actual, al que con los años se le fueron agregando penas, contravenciones y artículos.
En aquel momento, se intentó acercarlo al nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos que se incorporaban a la Carta Magna, pero al mismo tiempo se inspiraba en teorías criminológicas de moda, manteniendo nuestra tradición constitucional de antecedentes contradictorios.

De manera implícita -y a veces explícita- los redactores del código admitían estar fundados en la “teoría de la ventana rota”, argumento de la política de “Tolerancia Cero” que implementó en Nueva York el intendente Rudolph Giuliani a principios de los años 90.
Aquélla sostenía que los delitos se generaban a partir de una sensación de impunidad que va creciendo desde las pequeñas faltas de civilidad hasta los pequeños delitos, hasta los grandes crímenes.

Así, se argumentaba, por ejemplo, que si se rompe una ventana en un edificio sin que nadie la repare o sancione al culpable, los malhechores lo tomarán como una invitación para romper el resto de las ventanas, invadir el edificio y cometer quién sabe qué fechorías. Por lo tanto, para evitar la violencia era necesario concentrar la energía punitiva en perseguir las pequeñas faltas, como la mendicidad o los graffittis y encarcelar ostentosamente a sus autores y así generar la imagen de un orden inflexible.

Análisis
Desde luego, la teoría no resiste un análisis sociológico y empírico serio, ya que está fundada en una cadena de suposiciones sin ningún anclaje lógicamente necesario. Es absurdo pensar que un mendigo se convertirá en un criminal peligroso si no se lo encarcela rápidamente.

La idea de la “Tolerancia Cero” la patrocinaron dos “intelectuales” del Manhattan Institute, George Kelling y James Wilson, y fue aplicada por el comisionado de policía de Nueva York, William Bratton.

El Manhattan Institute es un centro de reproducción teórica, ya que no un ámbito científico, financiado por la industria del control del delito; es decir, las cárceles privatizadas, las empresas que las construyen o gestionan, las que fabrican equipamiento para la policía, como armas, patrulleros y cámaras. Esas empresas financian iniciativas que impliquen un mayor control policial sobre la sociedad, porque de ese modo incrementan su clientela.

La teoría fue explícitamente adoptada por el gobierno de Córdoba en los últimos diez años, con el asesoramiento del Manhattan Institute. Su representante en Latinoamérica llegó a decir que los limpiavidrios y prostitutas eran “terroristas urbanos” porque causaban miedo entre la gente de clase media.

Con este criterio, la policía de Córdoba comenzó a detener gente “peligrosa”, generalmente chicos de barrios pobres, que visten de determinado modo, usan ciertos cortes de pelo y hablan de determinada forma. Esos chicos comenzaron a ser demorados masivamente por “merodeo”, que consiste en permanecer cerca de una casa, un auto o un lugar en forma sospechosa y sin razón atendible.

Forma
No se especifica qué es una forma sospechosa ni cuáles razones son atendibles. A los chicos se los llevan de la puerta de su casa, de las plazas, a la salida del colegio. Si no tienen los documentos con ellos los detienen por otra contravención, la “negativa a identificarse”, y si protestan además los llevan por “desórdenes en la vía pública”.

Lo cierto es que todos los días unos 200 jóvenes son detenidos en la provincia de Córdoba por portación de rostro. Recientemente, algunos policías han confesado que tienen órdenes de detener a cinco por día y a siete los fines de semana, ya que si no llegan a esos números pierden el día de franco o los sobrecargan de trabajo. Se ha confirmado la imputación de un comisario que daba estas órdenes pero todos tienen la misma directiva y, además, la cumplen.

Las detenciones tienen que ser espectaculares, con dos o tres camionetas ploteadas con distintos colores, como si se tratase de unidades antiterroristas. Han comenzado a usar el helicóptero de la Provincia para merodear por los barrios pobres. De este modo, regulan el uso del espacio público, que está vedado para algunos.

¿Qué pasa cuando ocurre un delito o una contravención real, verdadera y uno llama a la policía para que le ponga fin? Bueno, nada. No pasa nada. No hay móviles, porque están ocupados haciendo número y la policía no se anima a detener contraventores de clase media porque temen sufrir denuncias por maltrato (es que no conoce la policía otras formas de relacionarse con los detenidos si no es con la violencia). Los pobres se quejan poco y se los escucha menos, pero la gente bien puede arruinar un legajo, de modo que la regla es la persecución masiva, arbitraria y violenta de los pobres en el espacio público, para que todos la vean; y parálisis e ineficacia para cuando la policía sí debería actuar rápidamente. No debe extrañar que, a pesar del gasto inmenso en seguridad, la provincia de Córdoba tiene problemas cada vez más agudos.

Crisis
La reciente crisis desatada a partir de las vinculaciones entre el narcotráfico, la policía y el Poder Judicial muestra hasta qué punto la policía ha cumplido un rol regulador de las actividades delictivas, encubriendo esta función ominosa detrás de la fachada eficientista y espectacular de las detenciones masivas y arbitrarias.

Como se ve, es absolutamente equivocado que la “Tolerancia Cero” hacia pequeñas incivilidades engendra delitos graves: en nuestra Provincia sólo ha servido para potenciar y perfeccionar la dominación territorial para el delito organizado.

Pregunte el lector qué piensan las madres de los barrios más peligrosos de Córdoba: ellas responderán que están cansadas de que sus hijos sean detenidos porque sí, mientras unos metros más allá los kioscos de cocaína y paco trabajan horas extras y tienen un patrullero estacionado en la puerta, que sólo se mueve de allí cuando tiene que salir a completar la planilla diaria.

* Abogado (UNC) y máster en Derechos Humanos (Central European University, Hungría). Integra el Inecip.