ESCUCHARLa coordinadora de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Carolina Varsky, destacó el avance en la identificación de los responsables civiles en los procesos que juzgan violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, reconoció “muchas dificultades” para investigar a empresarios, miembros de la iglesia Católica y funcionarios judiciales, y ratificó que el proceso abierto en 2006 “no tiene marcha atrás”.
Al realizar un balance sobre los logros y las asignaturas pendientes, la abogada observó que los delitos sexuales “también quedaron relegados” en los juicios que comenzaron en 2006, y recordó que desde 2010, fecha cuando se dictó la primera condena, son 12 los fallos que reconocen la existencia de esos delitos que “detallan quiénes fueron los responsables como autores directos o mediatos”.
“Cuando se investiga a los funcionarios judiciales, muchos todavía están relacionados o enquistados en la corporación judicial. Y con los empresarios sucede algo similar. Es ahí donde los juicios se empiezan a demorar y se frenan las investigaciones”, explicó Varsky (foto), entrevistada por el Espacio Memoria.
La funcionaria puso como ejemplo los llamados a indagatoria del titular del diario La Nueva Provincia, Vicente Massot, y del presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti, por sus vinculaciones con la represión.
“De todos modos, el Consejo de la Magistratura de la Nación investigó estas dilaciones y luego hubo una Unidad Fiscal que insistió en los llamados a indagatorias”, subrayó, y destacó “ciertos avances” en Jujuy, con la causa que involucra al dueño del ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por colaborar con la represión durante la llamada “Noche del Apagón”.
“Allí el problema no fue jurisdiccional porque hubo un juez -y luego una Cámara- que confirmaron su procesamiento, sino que la dificultad estuvo en Casación, que hizo algo que jamás había hecho y que, de hecho, no volvió a hacer: analizar la prueba en el marco de un procesamiento, cuando es algo que no le corresponde”, explicó.
En esa causa, apuntó a la relación de ese empresario con los tres jueces de Cámara de Casación porque “firmaron una resolución excediéndose en sus funciones y facultades”, y aclaró que actualmente “el caso está en el Ministerio Público porque la Corte lo remitió a la Procuración para que dictamine”.
