El juez federal Claudio Bonadio se negó a excarcelar al contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares.
El profesional quedó detenido el lunes, en Río Gallegos, en el marco de la causa «Los Sauces», sindicado como partícipe de una maniobra de desvío de fondos.
Bonadio coincidió con el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, que había recomendado rechazar el pedido de libertad presentado por el abogado de Manzanares, Carlos Beraldi.
Tanto el juez como el agente sostienen que en el caso hay circunstancias objetivas que permiten tener por configurados los peligros procesales que justifican el encierro.
Intervención
La detención se decidió cuando la interventora judicial de la sucesión Néstor Kirchner y del “Condominio Máximo y Florencia Kirchner SH» presentó ante el magistrado una serie de cartas que les llegaron a los inquilinos de la persona jurídica creada tras la muerte del ex presidente, remitidas por el contador.
En su dictamen, Rívolo concluyó que las maniobras irregulares realizadas por Manzanares se probaron con esas misivas, ya que únicamente los interventores pueden gestionar las locaciones de los inmuebles y el contador conocía esa situación, tanto por su rol profesional como por su calidad de procesado en la causa “Los Sauces”.
Por ese motivo, su accionar derivó en su captura, por obstrucción a la Justicia.
En su momento, Bonadio dispuso la intervención de la sucesión de Néstor Kirchner y de Los Sauces, para que todo el dinero que ingrese en las cuentas de los hijos de los ex mandatarios quede embargado y sea administrada por un interventor judicial.
Al dictar la medida, advirtió que Máximo y Florencia Kirchner habían creado un condominio para poner las 28 propiedades de la sucesión a su nombre y poder administrarlas.
Por ello, extendió la intervención al condominio, con el fin de controlar los inmuebles que están en la mira de la Justicia.
Violentando la manda de Bonadio, vía misivas, Manzanares les pidió a los 28 inquilinos que comenzaran a depositar los alquileres en una cuenta bancaria a nombre de Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y hombre de confianza de la ex familia presidencial.
Silvia Martínez, la abogada denunciante en “Los Sauces”, sostuvo que se trató de un intento de mandar los activos a una cuenta que está “fuera de la visión de la Justicia”, porque todas las demás están embargadas. “La explicación del contador a los inquilinos fue que no podían abrir una cuenta bancaria, no aclaró que si la abrían les embargaban la plata. Querían tener el dinero líquido”, sostuvo la letrada.
En Los Sauces se investiga una presunta asociación ilícita para lavado de dinero.
El caso surgió en abril de 2016, a partir de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, quien junto a la letrada Martínez afirmó que la familia Kirchner cometió los delitos de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero, en supuestas transacciones ilícitas con los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.
En ese expediente, Cristina Fernández de Kirchner está procesada por asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles. También están procesados sus hijos; Báez, López y Manzanares, además de otras 15 personas.
Actualmente, se intenta determinar si se usó la firma dedicada al alquiler de inmuebles para recibir transferencias millonarias de López y Báez por medio de arrendamientos. La sospecha de los investigadores es que los empresarios habrían recibido a cambio adjudicaciones de obras públicas con sobreprecios.
En el caso de Manzanares, se busca precisar si ocultó los ingresos y egresos de dinero de la empresa por medio de los libros contables con información poco precisa.
