ESCUCHARLa Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se opuso a que la justicia devuelva los pasaportes y permita salir del país a los tripulantes del avión venezolano retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde hace más de 45 días, mientras la cual la fiscalía pidió una prórroga antes de emitir su opinión.
La DAIA presentó un escrito ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena en el que manifestó su opinión contraria al pedido realizado por la defensa de los tripulantes, a la vez que se opuso a que se habilite la salida del avión del territorio argentino.
Fuentes de esa institución explicaron que la oposición está basada en que aún restan medidas de prueba por realizarse en el marco del expediente en el que se intenta determinar si el avión que aterrizó en Argentina el 6 de junio tenía fines ajenos a la actividad comercial declarada (transporte de autopartes).
La presentación fue realizada luego de que el juez habilitara la liberación de toda la carga que aún quedaba secuestrada, que estaba consignada a SAS Automotriz y había llegado en el vuelo de Emtrasur, y la retenida a un segundo vuelo, de Sky Lease.
Por otra parte, fuentes judiciales informaron a esta agencia que la fiscal Cecilia Incardona solicitó una prórroga antes de emitir su opinión y que el juez le dio 48 horas más.
Tanto el juez como la fiscal esperan aún respuestas a distintos exhortos internacionales en busca de información, como así también los resultados de los análisis de los teléfonos celulares, notebooks y ipads secuestrados en el marco de la investigación.
«Se van a tomar todo el tiempo posible», dijo una fuente judicial con acceso al expediente al explicar los motivos de la demora en responder a los tripulantes si los dejarán salir del país, para luego señalar que por el carácter preventivo de la investigación no están dispuestos a tomar una medida que pueda tornarse irreversible.
La defensa de los tripulantes había pedido hace una semana la restitución de la aeronave y el reintegro de los pasaportes de los 19 tripulantes para que puedan salir del país ya que, sostuvo, «no existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno».
La presentación fue realizada ante Villena por el abogado Hernán Emilio Carluccio, en representación de los 14 tripulantes venezolanos y los 5 iraníes que llegaron en el avión Jumbo de la empresa Emtrasur; tras lo cual el magistrado pidió la opinión de las partes.
Carluccio hizo la petición en nombre de Mario Arraga Urdaneta, Víctor Pérez Gómez, Victoria Valdiviezo Marval, José García Contreras, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Armando Marcano Estredo, Ricardo Rendón Oropeza, Albert Ginez Pérez, Ángel Marín Ovalles, Nelson Coello, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Mohammad Khosraviaragh, Gholamreza Ghasemi, Mahdi Mouseli, Saied Vali Zadeh y Abdolb Aset Mohamaddi, según la presentación a la que accedió Télam.
El abogado solicitó «el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de salida del país oportunamente dispuesta en autos respecto de la totalidad de mis asistidos», quienes son investigados para determinar si están relacionados con actos de terrorismo internacional, a partir de una denuncia de la DAIA.
En ese sentido, reclamó «la devolución de los pasaportes retenidos y de la aeronave Boieng 747 Matricula YV 3531 secuestrada».
Carluccio sostuvo que «una medida restrictiva de la libertad tiene que estar sustentada principalmente en la razonabilidad y en la proporcionalidad de la misma».
El abogado advirtió que «si las medidas de restricción de derechos por su intensidad y prolongación dejan de lado la presunción de inocencia terminan constituyendo una sanción encubierta y anticipada que resulta inadmisible».
El letrado dijo que «la medida a la fecha carece absolutamente de aquella razonabilidad declamada, desglosada en necesidad, eficacia y proporcionalidad».
«No existe ni remotamente ni jamás existió siquiera un indicio de la comisión de delito alguno, lo cual luego de más de un mes de investigación secreta, en que esta defensa se ha tenido que manejar prácticamente a ciegas, ha salido finalmente a la luz, lo cual resulta inobjetable», aseguró Carluccio.
Abundó que «en los 14 cuerpos que -hasta la fecha- han sido recopilados, y en los que, hay que reconocerlo, se plasma el notable esfuerzo investigativo realizado, no se ha dado con un indicio, una pista, un acto medianamente sospechoso; nada».
Sostuvo que «partiendo de la nada, se llegó a la nada; si queremos ironizar, diremos que la nave procesal que partió aquel 6 de junio corrió la misma suerte que el Boeing 747 de Emtrasur, es decir, se encuentra hoy día exactamente en el mismo lugar».
Al promover la investigación, la fiscal Incardona hizo foco en el piloto del avión porque el FBI informó, a través de un documento que solo puede ser utilizado para actividades de inteligencia, que Gholamreza Ghasemi «es CEO, miembro del consejo de administración de Qeshm Fars Air y, también, piloto» y que esa firma fue ligada por el Tesoro de los Estados Unidos a actividades terroristas.
Fue por eso que la fiscal había solicitado que se libre «exhorto diplomático a Estados Unidos para que se amplíe lo ya informado y ese Estado manifieste si el señor Gholamreza Ghasemi resulta formalmente investigado en algún proceso en ese país y, en su caso, si se adoptó alguna medida restrictiva de su libre circulación».
