ESCUCHAREl agente Raúl Pleé consideró válidas las actas en la causa que se generó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Destacó que fueron firmadas por los imputados, sus defensores y sus colegas de primera instancia
El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, consideró válidas las actas en las que se consignaron las declaraciones de los arrepentidos en la causa “cuadernos”, que se generó por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, y subrayó que fueron firmadas por los imputados, sus defensores y sus colegas de la instancia anterior.
«Los registros de todas las colaboraciones prestadas por imputados que se acogieron al régimen de la ley 27304 fueron agregados bajo la forma de actas en sus respectivos legajos», precisó Pleé ante la Sala I del Máximo Tribunal Penal Federal del país.
Pleé cuestionó la medida de prueba resuelta por la Casación, solicitó que se deje sin efecto y que se resuelva el planteo sobre la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido formulado por las defensas de varios procesados.
El funcionario le reclamó a los camaristas Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña que anulen la medida mediante la cual le ordenaron al juez instructor el envío de los soportes fílmicos o digitales de esas declaraciones, si los hubiera.
Actualmente, el Juzgado Federal 11, que llevó el caso desde su inicio, está a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, quien informó el martes que no cuenta con aquéllos y le pidió al fiscal Carlos Stornelli que le informe si él los conserva.
Ahora, Pleé cuestionó la prueba que pretende Figueroa, solicitó que se la deje sin efecto y que se resuelva el planteo sobre la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido formulado por defensas de procesados.
Asimismo, el agente detalló que en los legajos de los imputados colaboradores también están anexadas las actas de homologación suscriptas por las mismas personas y por el juez de la primera instancia, en alusión al fallecido Claudio Bonadio, a quien subroga Martínez De Giorgi.
Todos estos legajos están actualmente en poder del Tribunal Oral Federal 7, que prepara el juicio a los procesados; entre ellos, la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, además de empresarios que confesaron el supuesto pago de sobornos para obtener contratos de obra pública.
Urgente
El lunes, la Cámara Federal de Casación Penal le pidió al magistrado que lleva el expediente“cuadernos” el envío con carácter de urgente de “soporte fílmico, digital u otro medio técnico” en el cual se hayan registrado las declaraciones de los imputados arrepentidos del caso, en el marco del acuerdo de colaboración que suscribieron, como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación.
El tribunal le cursó su reclamo al juzgador luego de una audiencia en la cual las defensas de los procesados solicitaron que se declare la nulidad de todas las actuaciones por falta de aquellas constancias, entre otros argumentos.
La Casación recordó que su petición se basa en lo establecido en los artículos 6 y 7 de la ley 27304, conocida como la Ley del Arrepentido.
Proyecto
- -En julio, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley que propone la creación de un sistema especial de protección para testigos y denunciantes en casos por corrupción en el ámbito de la Corte Suprema y fuera del Poder Ejecutivo.
- -El legislador mendocino Luis Petri aseguró que la falta de un sistema en la materia genera peligro para quienes denuncian a funcionarios públicos.
- -Además, sostuvo que -como consecuencia de ello- se “desalientan testimonios incriminadores” y se genera “un círculo de impunidad que es necesario romper”.
- -Petri explicó que es fundamental proteger a quienes colaboran con la Justicia, ya que de lo contrario “terminan siendo perseguidos, acosados y amenazados, colocándose en una situación de riesgo de su vida y la de su familia”.
- -El radical concluyó que la derogación -mediante decreto 168/20, de febrero- de la agencia que había sido creada por decreto 795/19 fue un rotundo retroceso.
- -También manifestó que en menos de un año 123 personas se fueron del programa y estimó que ello “habla de la desconfianza que tienen quienes lo integran de que pueda garantizar su protección efectiva”.
