La Sala I de la Cámara de Casación Penal, a cargo de los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, revisará las prisiones preventivas impuestas en el caso conocido como la de “los cuadernos”.
Entre los ex funcionarios más destacados, el tribunal analizará la situación de la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Planificación Julio De Vido. Entre los empresarios, deberá resolver la situación del cordobés Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería y el único de los hombres de negocios que quedó preso por la presunta asociación ilícita que, según sostiene la acusación, funcionó para recaudar dinero para el Ministerio de Planificación entre 2003 y 2015.
La Cámara Federal aceptó los recursos de casación que presentaron las defensas de Fernández, De Vido, su mano derecha Roberto Baratta y el asesor de éste, Nelson Lazarte. También del ex responsable jurídico de Planificación, Rafael Llorens, del secretario de De Vido, José María Olazagasti, del ex titular del Ente Binacional Yacyretá, Oscar Thomas y del mencionado Ferreyra. Salvo Cristina Fernández, que tiene fueros como senadora, el resto de los apelantes está detenido.
En este caso particular, los jueces Petrone, Barroetaveña y Figueroa, deberán revisar las prisiones preventivas y analizar si hay riesgos procesales (fuga o entorpecimiento en la causa) para mantenerlos detenidos.
Esos jueces ya intervinieron previamente en distintos pedido de excarcelación de varios de los protagonistas de la causa de los cuadernos. Y decidieron dejar presos a los imputados.
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