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Cromañón: imputan por amenazas a tres padres de víctimas

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Tres padres de víctimas de Cromañón fueron procesados por amenazas coactivas agravadas en perjuicio de los músicos de Callejeros, jueces, camaristas penales y el ex jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra.
Se trata de Nora Ortiz de Bonomini, Ricardo Righi y Luis Fernández García, imputados por el juez de instrucción Alejandro Cilleruelo, quien decidió no dictar la prisión preventiva debido a que entiende que no hay peligro de que se fuguen. El artículo 149 del Código Penal establece prisión de 5 a 10 años “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.

Ortiz de Bonomini, Righi y Fernández García fueron imputados por amenazar a la jueza María Angélica Crotto para que cite a indagatoria a Aníbal Ibarra; para que Callejeros no vuelva a tocar; para que los camaristas no avalaran la excarcelación de Omar Chabán y para que el ex jefe de gobierno abandonara la política. La resolución recoge testimonios de funcionarios judiciales que señalaron que los acusados insultaron e intimidaron a la jueza Crotto en diversas oportunidades. En tanto, los camaristas del crimen resolvieron denunciarlos porque uno de ellos les advirtió que no respondería por sus actos si se encontraba por la calle con alguno de los magistrados que convalidaron la excarcelación de Chabán.

Sin justificación

En cuanto a Ibarra, el fallo recoge declaraciones que los imputados brindaron a medios periodísticos, en las que afirmaron que si el hoy diputado comunal aspiraba a regresar a la política terminaría en “una bolsa negra”. El mismo fin le habrían augurado a los músicos de Callejeros si volvían a tocar e incluso, le habrían advertido a su vocalista que desistiera de la idea o “le volarían la tapa de los sesos”.
“No una vez, sino varias, los imputados han señalado (…) intenciones de recurrir a métodos violentos y coactivos para presionar en pos de la obtención de un pronunciamiento acorde a sus intereses, cuestión que (…) no puede encontrar justificación en haber sido víctimas de un delito”, sostuvo Cilleruelo.

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