ESCUCHARDiferentes ONG vinculadas con el sistema judicial cuestionan la intención del Gobierno de
incorporar cuatro subprocuradores. Aseguran que licuarán el poder del procurador y advierten sobre que podrán ser designados y removidos por simple mayoría del Congreso.
La propuesta de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que presentó el Poder Ejecutivo Nacional hace poco más de un mes genera preocupación entre diferentes ONG encargadas de analizar las políticas públicas, que surgen especialmente de la órbita del sistema judicial.
Por medio de una misiva a la que accedió Comercio y Justicia, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Asociación
Pensamiento Penal (APP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Poder Ciudadano se mostraron críticos con respecto a la iniciativa del Gobierno nacional.
Cabe recordar que el proyecto de ley viene a modifica una ley aprobada por el gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández y busca restringir las facultades de la actual Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, enfrentada con el actual gobierno de Mauricio Macri.
Entre los cuestionamientos al proyecto, las ONG plantearon con preocupación la intención de incorporar en la estructura de la Procuración General de la Nación la figura de cuatro subprocuradores generales abocados a las funciones específicas de derecho penal, delito organizado, derecho público y derecho privado. Gonzalo Rúa, miembro de la junta directiva del Inecip explicó a este medio que el proyecto otorga a los subprocuradores numerosas facultades, entre las que se destaca la de “diseñar y fijar la política general del MPF en su ámbito de competencia”.
“Este esquema licuará las atribuciones propias del procurador, convirtiéndolo en una figura sin poder de decisión en materia de planificación de la persecución penal y de organización del MPF”, remarcó.
El criterio de selección y remoción de estos subprocuradores también es cuestionado. A propuesta del Ejecutivo, los nuevos funcionarios pueden ser “designados o removidos con simple mayoría del Congreso, sin atender a criterios de representación regional, especialización técnica o, incluso, trayectoria dentro de la organización”, agregó Rúa.
Plazo acotado
Entre las observaciones también se remarca el plazo de cuatro años que fija el proyecto para el mandato del Procurador. Las ONG consideran que dicho plazo es exiguo, si lo que se busca es garantizar un tiempo prudencial para el diseño y la ejecución de un plan estratégico de política criminal.
“Un plazo tan acotado puede conllevar a un estancamiento en materia de desarrollo institucional”, explicaron en la misiva.
Al respecto, Rúa consideró positivo que se fije un tiempo para el cargo de Procurador, que éste no sea de carácter vitalicio y precisó que un promedio de seis o siete años sería razonable, similar a lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe.
Sin direcciones
El proyecto del Ejecutivo elimina las direcciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Para la coalición de ONG esta decisión es infundada y es negativa.
Rúa explicó a este medio que su eliminación sólo le quitará operatividad a la estructura del Ministerio Público y advirtió que la creación de estas dependencias tuvieron resultados positivos dentro de la estructura de la Procuración.
