Criterio sobre la competencia para honorarios por tareas en comisiones médicas

El Alto Cuerpo sostuvo que lo más conveniente es que la regulación de los estipendios por actividades extrajudiciales continúe en el fuero cuya materia se relaciona con el caso, por tratarse de enfermedades y accidentes laborales

En uso de su función unificadora ante interpretaciones contrarias, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) determinó que el fuero para juzgar el pedido de regulación de honorarios de un letrado, por su actuación profesional por ante las comisiones médicas (CCMM) laborales, es el especializado en la materia.

El letrado presentó recurso de casación en contra de la resolución de la cámara a quo, que confirmó la declinatoria de la competencia civil para la cuantificación de los honorarios por tareas extrajudiciales en comisión médica, fundando su recurso en la resolución en sentido contrario dispuesta por otra cámara civil.

El TSJ, integrado por los vocales María Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Eugenio Angulo, al analizar la impugnación indicó que en ambos supuestos contradictorios se inició demanda de regulación de honorarios contra el Gobierno de la Provincia de Córdoba, por tareas profesionales extrajudiciales que el demandante llevó a cabo como patrocinante de un trabajador en la sustanciación del trámite ante CCMM, en el ámbito de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Instancia

El Alto Cuerpo evaluó que la instancia administrativa culminó, en uno y otro reclamo, con un convenio de pago -finalmente homologado-, en cuyo seno, además, la empleadora autoasegurada asumió solventar los gastos del letrado (por una suma equivalente a 10% del monto indemnizatorio), del acuerdo cuyo incumplimiento fue alegado por aquél como determinante a la interposición de la demanda arancelaria en sede civil.

Luego, los vocales señalaron que los jueces civiles intervinientes en los dos casos planteados declinaron su competencia, por entender que la cuestión correspondía al fuero laboral, decisión que, habiendo sido apelada por los respectivos accionantes, fue dirimida por sendos tribunales de grado en sentido inverso.

De tal manera, el TSJ infirió que, ante una misma plataforma fáctica, los tribunales han brindado soluciones jurídicas opuestas, lo cual habilita la competencia que el ordenamiento le asigna al Alto Cuerpo.

Términos

Así, el fallo sostuvo que, con apego a los términos en que ha sido planteada la cuestión a unificar, el análisis necesario para determinar el fuero competente para juzgar el pedido de regulación de honorarios en cuestión impone indagar en forma preliminar si existe una especial disposición que difiera el conocimiento de la causa a los tribunales laborales y, desde una perspectiva pragmática, si resulta necesario o conveniente disponer su remisión a dicho fuero.

En esa senda, el TSJ entendió que el planteo debe ser dirimido a partir de una interpretación armónica de las normas y principios específicos involucrados, sobre la base de que la eventual acreencia arancelaria, cuyo reconocimiento y cuantificación se impetra, tiene su génesis en la tramitación de la etapa previa y obligatoria que, con patrocinio letrado, deben transitar los trabajadores o sus derechohabientes, en reclamo de sus derechos por enfermedades laborales o accidentes de trabajo.

A su vez, analizó que los textos normativos que regulan el tránsito de trabajadores y abogados por la comisión médica ponen en evidencia que los gastos devengados en la sustanciación de dicho procedimiento revisten carácter accesorio del reclamo –de derecho del trabajo– ventilado ante la autoridad administrativo-laboral en la etapa prejudicial obligatoria.

Por lo expuesto, los vocales interpretaron que, tratándose de la retribución por la asistencia técnica brindada al trabajador durante el trámite previo que la ley especial impone agotar en defensa de derechos originados en una relación individual de trabajo, la demanda regulatoria formalizada por el abogado en relación con el asesoramiento letrado que prestó en esa etapa accede a la competencia del fuero especializado en la materia, conforme el artículo 4º, inciso 7, de la ley 7987.

Directiva

En esa dirección, el TSJ destacó que dicha directiva procesal habilita a los jueces de Conciliación y del Trabajo a conocer “en el trámite incidental para la regulación de honorarios”, algo debe ser entendido como asignación de competencia para los pedidos de regulación por actuaciones extrajudiciales o administrativas si la labor profesional se vincula con el ámbito de la competencia material del artículo 1, inciso 1, de esa normativa.

El Alto Cuerpo sostuvo que lo propuesto es lo que mejor se compadece con un criterio realista de interpretación de la ley, cuya estricta observancia impone asumir que las cuestiones derivadas de las sustanciales y dinámicas transformaciones de las pautas insertas en el nuevo régimen de infortunios laborales que diseña de manera renovada la etapa previa a la judicial, sean dirimidas con intervención de un órgano jurisdiccional especializado en la materia.

En resumen, en el fallo se resolvió que correspondía rechazar el recurso de casación del letrado.

Autos: “M. I., J. M. c/ Gobierno de la Provincia de Córdoba (Secretaría General de la Gobernación) - Abreviado - Regulación de Honorarios" - Expte. 9348899