ESCUCHAREstará sentada en el banquillo de los acusados junto con Julio de Vido y José López. La acusan de ser jefa de una asociación ilícita, en el marco de la obra pública que se le concedió a Lázaro Báez en Santa Cruz. El debate comenzará en febrero
La ex presidente Cristina Fernández enfrentó ayer su segunda indagatoria en la causa de los cuadernos de la corrupción, acusada de ser la jefa de una asociación iícita de la que participaron ex funcionarios y empresarios, desde 2003, en el inicio de la gestión K, hasta diciembre de 2015.
La ex jefa de Estado fue citada por el juez Claudio Bonadio. Ingresó minutos antes de las 11 a los tribunales de Comodoro Py y allí entregó su declaración por escrito.
La ex mandataria volvió a rechazar las acusaciones en su contra, tal como lo había hecho el 13 de agosto pasado en su primera indagatoria.
En el texto, la actual senadora recordó que es la séptima convocatoria del juez Bonadio para declarar ante su juzgado, con relación a las otras citaciones por las causas «Dólar futuro», «Los Sauces» y del Memorándum por Irán», e insistió con las «gravísimas irregularidades» en torno a la actuación del magistrado, sobre la que aseguró que «carece de todo contenido jurídico».
Cristina insistió asimismo en que los cuadernos fueron obtenidos «de manera ilícita», y en que Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli llevaron a cabo una «escandalosa maniobra de fórum shopping», al evitar que la causa fuera sorteada.
Además, destacó lo «inédito» de que los arrepentidos que confiesan supuestos delitos «se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos». «Dentro del capítulo de los ‘liberados’, aparentemente merecen un premio mayor quienes de cualquier manera puedan atribuirme algo que se parezca a un delito», consideró.
«En definitiva, ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto», fustigó.
Luego de insistir en que el juez Bonadio y Stornelli carecen de imparcialidad y que incumplieron diversos procedimientos legales, negó «de manera categórica y terminante haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como haber cometido delito alguno».
«La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen», protestó la ex mandataria. Tras cumplirse el trámite de hoy, el juez Bonadio quedará en condiciones de dictar en los próximos días un fallo en el que definirá si procesa a los acusados. Se cree que volverá a pedir la prisión preventiva de la ex jefa de Estado, algo que ya sucedió en la causa del Memorándum con Irán. En aquel momento su detención no se concretó por sus fueros como senadora.
Para el juez, ella «comandó» una «organización delictiva” conformada por funcionarios públicos, que se dedicó a la «percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Bonadio decidió ampliar el período de la investigación, señalando que el sistema de recaudación ilegal de retornos impulsado por funcionarios del Ministerio de Planificación “comenzó entre el año 2003 y 2004” y se prolongó hasta 2015 cuando Cristina dejó el Gobierno.
Junto con esta decisión se realizó un desdoblamiento de la causa. Se generaron tres nuevos expedientes a raíz de las declaraciones de los imputados colaboradores y se dividieron las causas según tres grandes temáticas. Los expedientes van a tramitar juntos, es decir, seguirán en el juzgado de Bonadio como desprendimientos de la gran asociación ilícita que se dedicaba a recibir fondos ilegales.
A juicio
Mientras tanto, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) fijó ayer fecha para el inicio del juicio contra la ex mandataria, Lázaro Báez, Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros, en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral. Esta instancia dará comienzo el 26 de febrero y será la primera vez que la ex presidente esté en el banquillo de los acusados junto al empresario Báez. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara-. Se trata del expediente más importante de las causas por corrupción en las que está acusada Cristina.
El juez Ercolini acusó a la actual senadora de Unidad Ciudadana de ser “jefa de una asociación ilícita” y haber defraudado al Estado para favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46.000 millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.
Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, durante las administraciones kirchneristas se instauró una «maniobra de corrupción» desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con los que «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”, de Lázaro Báez.
La causa plantea que Cristina y sus ex funcionarios vinculados a la administración y control de la obra pública formaron parte de «una asociación» destinada a «cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz».
