Entre febrero y agosto se realizaron 792 comunicaciones de este tipo. También aumentaron las videollamadas: pasaron de 124 a 1.078
Entre febrero y agosto pasados, se establecieron 899 videoconferencias y 1.078 videollamadas entre diferentes dependencias del Poder Judicial de Córdoba y de los establecimientos penitenciarios de la provincia, cifras que muestran un notable incremento respecto de las comunicaciones concretadas el año pasado puesto que, en el mismo lapso (febrero y agosto de 2016), se llevaron a cabo 792 videoconferencias y 124 videollamadas, informó el Poder Judicial.
El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación no sólo permitió establecer vínculos entre sedes cordobesas sino que también hizo posible la conexión con centros judiciales de otras provincias -como Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz-. En 2015, incluso se estableció una videoconferencia con el Tribunal 8° de Garantías Penales de la Provincia de Pichincha, Ecuador, a los fines de llevar a cabo el debate oral que se realizaba con motivo de un caso de abuso sexual agravado reiterado.
Los “excelentes resultados” obtenidos impulsaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba a autorizar la instalación, en asesorías letradas de distintas sedes judiciales del interior provincial, de hardware y software (Skype) necesarios para contar con el sistema de comunicación por intermedio de videollamada, en forma “gradual, paulatina y organizada”. El Alto Cuerpo también dispuso que se instale una sala de videoconferencias en el nuevo edificio judicial, ubicado en calle San Jerónimo 258 de la ciudad de Córdoba, donde funciona el fuero Penal Juvenil.
En la acordada que autoriza la implementación del sistema en las sedes del interior, el TSJ consideró que medios de comunicación directa entre los distintos establecimientos penitenciarios provinciales y el Poder Judicial, “además de permitir un contacto permanente entre las personas procesadas y penadas con las autoridades judiciales, reducirá significativamente la cantidad de traslados y movimientos diarios que se efectúan desde las Unidades Carcelarias hasta los tribunales, disminuyendo los costos que esto implica”.
Asimismo, el Alto Cuerpo valoró que las videollamadas y las videoconferencias permiten estrechar las distancias entre los tribunales y los complejos carcelarios y agilizan los procedimientos y las etapas procesales.
En la acordada, el TSJ subrayó que la Oficina de Coordinación, dependiente de la Secretaría General, será la encargada de establecer el “turnero” para el uso de ambos sistemas informáticos -videoconferencia y videollamada-, así como coordinará con los distintos establecimientos penitenciarios la conexión y el correcto cumplimiento del acto procesal para el cual sea convocado. “Además, tendrá bajo su responsabilidad autorizar y proveer los recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema, dictar los instructivos necesarios para su correcta implementación y uso”, expresa la norma.
Finalmente, el TSJ estableció que la instalación, la implementación, la puesta en funcionamiento y el soporte de los recursos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de los mencionados sistemas estarán a cargo de personal técnico del Área de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones.
