Costas al padre jubilado en reclamo por alimentos de hijo mayor con enfermedad crónica

El tribunal interviniente adoptó la decisión tras analizar los derechos en juego y las posibilidades económicas de las partes en litigio

La Cámara 2ª de Familia de Córdoba impuso las costas de un proceso por alimentos al padre jubilado de su hijo mayor de edad, quien padece una enfermedad crónica . En la instancia previa, la jueza interviniente había resuelto que los gastos causídicos fueran por el orden causado, lo cual fue apelado por el accionante beneficiario de la mesada en cuestión.

El hijo argumentó que la decisión de la magistrada, al apartarse del principio objetivo de la derrota y de la directriz que en juicio de alimentos las costas se imponen al alimentante, resultaba arbitraria, incongruente y carente de fundamentación lógica y legal, y que atentaba contra sus derechos constitucionales de acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva y a la salud.

Frente a este panorama, la cámara -integrada por los vocales Fabián Eduardo Faraoni y Graciela Melania Moreno Ugarte- reseñó que en la causa F. T. M. H. (el hijo) interpuso demanda de alimentos derivados del parentesco, en contra de su padre, F. J. M., acreditando mayoría de edad y su discapacidad por padecer lupus eritematoso, enfermedad que no le permite trabajar para generar ingresos propios, lo cual se agravó con la pandemia de coronavirus.

En razón de ello, peticionó el pago de 30% de los ingresos del demandado.

La alzada evaluó que el padre respondió a ello expresando que su situación económica y personal no era la mejor; que tenía en ese momento 72 años, estaba jubilado y su salud se veía afectada por diabetes, hipertensión y un tumor renal. Además, señaló que tiene otro hijo menor a cargo y ofreció abonar 20% de un salario mínimo vital y móvil (SMVM).

Mesada

La controversia fue zanjada por la cámara, que fijó una mesada de 18% de ese parámetro, conforme lo acreditado en la etapa probatoria.

Los camaristas interpretaron que se estaba en presencia de dos partes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y merecen especial atención y protección para garantizar sus derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, el tribunal observó que esta situación no impedía valorar que la demanda de alimentos derivados del parentesco fue admitida en la primera instancia y que fue necesario transitar todo el proceso para que el derecho alimentario le fuera reconocido al actor (generando la respectiva actividad jurisdiccional y el consecuente gasto de justicia).

En esa dirección, los vocales apuntaron que en ese escenario entraba en juego el principio objetivo de la derrota y la obligación del juzgador de fundamentar su apartamiento en cuanto a no imponer las costas al padre, derrotado en el pleito.

En tal sentido, la cámara sostuvo que al ponderar la particular situación de ambas partes, que los alimentos reclamados tienen su fundamento en la solidaridad familiar y las circunstancias económicas de ambos, se concluyó que no existía razón para eximir al padre de cargar con los gastos causídicos.

Mejores condiciones

En esa dirección la alzada destacó que el demandado está en mejores condiciones para afrontar esos gastos porque tiene una jubilación nacional relativamente “buena”, equivalente en esa época a 3,72 SMVM; y que, por el contrario, el hijo cuenta sólo con una pensión por discapacidad otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), reparando en que si bien no está acreditado el monto que percibía por aquella época, de la página web de dicha repartición nacional surge que tal beneficio no contributivo equivale a 70% de una jubilación mínima.

De esta comparación los jueces concluyeron que surgía evidente la disparidad de ingresos mensuales que existe entre las partes para afrontar sus necesidades cotidianas y especiales, y la afectación o impacto que tendrán las costas del proceso para el hijo con discapacidad, quien reclamó la asistencia alimentaria al padre.

Finalmente, los camaristas aclararon que no obstaba a lo dicho que los alimentos hubieran procedido por un porcentaje inferior a lo estimado por el incidentista, en tanto es el juez quien en definitiva determina la procedencia y el monto de los alimentos al valorar la totalidad de las constancias obrantes en la causa.

En definitiva, por las razones expuestas, en el fallo se resolvió que procedía receptar el recurso de apelación, dejar sin efecto la imposición de costas por el orden causado e imponerlas al padre demandado.