Cosa juzgada administrativa derivada de un acuerdo firme realizado ante comisión médica

El tribunal observó que la patología reclamada en la Justicia por la trabajadora demandante, consecuencia de un accidente in itinere, ya había sido motivo de un entendimiento ante el Ministerio de Trabajo, por lo cual la demanda no prosperó

Después de considerar acreditados los requisitos para que opere la cosa juzgada administrativa en el fuero laboral, ya que la actora recurrió a la Justicia para peticionar las consecuencias psíquicas de un accidente en tránsito, cuya patología había sido incluida en el acuerdo celebrado, homologado y quedado firme ante la comisión médica, el Juzgado de Conciliación y Trabajo de 9ª Nominación de Córdoba hizo lugar a la defensa opuesta por Asociart ART y rechazó la demanda en todas sus partes.

La actora reclamó indemnización por una minusvalía parcial y permanente de 35%, derivada de la afección “Trastorno de estrés postraumático CIE 10 (OMS)”, y sostuvo que se produjo por un accidente in itinere que fue reconocido por la comisión médica sin determinación de incapacidad laboral.

El tribunal a cargo de Gustavo Daniel Toledo aclaró que, por razones de economía procesal y de índole metodológica, analizó la defensa de cosa juzgada administrativa, ya que, de prosperar, impediría la acción y tornaría innecesario el examen sustancial. El juez recordó que la demandada pretendía se haga lugar a la defensa aseverando que la patología en cuestión fue incluida en el acuerdo celebrado por las partes.

Supuesto

El magistrado relató que la ART indicó que en esa instancia se determinó 13,10% de incapacidad y que, por “Reacción vivencias anormal neurótica (RVAN)” correspondía 0%, lo que se encontraba firme y consentido. Así, se sostuvo que, partiendo del supuesto de un acuerdo celebrado con intervención y aprobación de la autoridad administrativa del trabajo, la resolución homologatoria constituye un acto jurídico que goza de legitimidad.

En consecuencia, el juez derivó que el acuerdo conciliatorio debidamente homologado tiene fuerza de cosa juzgada administrativa, lo que hace imposible la reapertura del debate sobre las cuestiones que han sido consideradas e incluidas.

A su vez, el fallo consideró que la parte actora arguye que el acuerdo en cuestión no contempló el reclamo de marras, pues aquél sólo se circunscribió a la minusvalía por la dolencia del hombro izquierdo y que, en función de ello, la reclamante insta a la intervención judicial, cuestiona que la comisión médica no haya atribuido incapacidad a su afección psiquiátrica y pretende el reconocimiento de 35% de la total obrera; pero que para el tribunal, de los antecedentes del caso emerge que, con motivo del siniestro producido, la actuación administrativa se focalizó en ambas afecciones.

Avenimiento

Para el vocal, el avenimiento arribado por las partes fue en el marco de todo ese proceso previo respecto de la contingencia de que se trata y para la determinación de incapacidad respecto de todas las secuelas provocadas, por lo que el padecimiento psíquico como su gradación sin minusvalía por parte de la comisión médica quedaron inexorablemente incluidos en los alcances de dicho acuerdo.

Así, resaltó que se verifica una triple identidad (sujeto, causa y objeto) en ambos procedimientos, es decir, entre la acción judicial aquí intentada y en el acuerdo arribado y concluido con resolución homologatoria en sede administrativa.

Bajo esas premisas, el tribunal entendió que el procedimiento administrativo llevado a cabo hasta la decisión culminatoria de la instancia se ajustó a la normativa aplicable en sus aspectos legales y técnicos, y recabándose la libre emisión del consentimiento de la trabajadora y su discernimiento sobre los alcances el acto, todo lo cual quedó plasmado en los instrumentos respectivos.

Además, se indicó que la trabajadora se encontraba acompañada por su letrado -el mismo que la patrocina en esta causa-, por lo que contaba con el debido asesoramiento técnico en lo relativo a la actuación que se estaba labrando, de modo que no podía desconocer el alcance del acuerdo.

Circunstancias

Finalmente, el fallo advirtió de que no se desprenden circunstancias concretas que permitan inferir que al momento de su concertación la voluntad de la actora se hallaba afectada o se encontraba en una situación de indefensión, que fue aprovechada por la aseguradora interviniente para constreñirla y aceptar el monto dinerario luego percibido.

En consecuencia, se resolvió que, verificándose entonces la triple identidad entre los sujetos, el objeto y la causa en ambos procedimientos, bajo los recaudos analizados, debe admitirse la excepción de cosa juzgada administrativa planteada y, en consecuencia, la demanda debe ser rechazada en todos sus términos.