Corrigen fecha de extinción laboral y ordenan pago por protección de la maternidad

Al evaluar las constancias de la causa, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba admitió la casación planteada por la accionante y mandó a recalcular la indemnización por despedirla embarazada [privado]

Al advertir que, según surgió de la prueba rendida en la causa, la relación habida entre las partes se encontraba vigente al momento en que la accionante realizó las intimaciones que posteriormente la llevaron a colocarse en situación de despido indirecto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por la parte actora y ordenó a la demandada el pago de los haberes adeudados, de acuerdo con la real fecha de la extinción laboral. Ello, sumado al incremento indemnizatorio por haber ocurrido la ruptura del vínculo cuando la patronal ya tenía conocimiento del estado de embarazo de la accionante.

El Alto Cuerpo -integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo - indicó que Pamela Luján denunció falta de fundamentación, al expresar que la sentencia de la Cámara a quo mostró un grave defecto en el razonamiento expuesto para establecer la fecha de extinción del vínculo laboral.

El TSJ relató que el Tribunal de Mérito sostuvo que la finalización de la relación ocurrió el 11 de noviembre de 2013, basándose en el recibo firmado por la actora en el que constaba el pago final por los 11 días trabajados en ese mes. El fallo añadió que los testimonios de los testigos Brambilla y Bazán le dieron a ello plena validez probatoria.

Luego, los vocales subrayaron que el a quo descalificó por extemporáneas las intimaciones de la accionante, la denuncia administrativa y la colocación en situación de despido indirecto por ser posteriores a la fecha de la desvinculación.

Bajo esas premisas, el Alto Cuerpo sostuvo que, revisadas las constancias de la causa, surge que la conclusión del juzgador no es derivación razonada de aquéllas.

Declaraciones

En ese sentido, el TSJ remarcó que, ni el recibo, ni las declaraciones testimoniales, son útiles para tener por demostrado que Luján renunció al trabajo, como adujo el empleador.

La demandada dijo que la trabajadora renunció y que la dimisión le fue aceptada, pero después intimó “al tomar conocimiento de su estado de embarazo, en una maniobra desesperada, comprensible por esta parte pero no por ello alejada de la legalidad (sic)…”

De la decisió adoptada por el TSJ cordobés.

El decisorio consideró que la valoración del tribunal, en cuanto infiere, sin más, el hecho de la cesantía, del texto consignado en el mentado recibo, “vulnera directamente la prohibición del art. 145 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que veda de manera expresa la utilización de ese documento para instrumentar la extinción de la relación”.

Además, los vocales resaltaron que esta prohibición, a su vez, “analizada de manera sistemática con lo dispuesto en los arts. 61 y 140 de la LCT articulan el sistema regulatorio que ordena el contenido legal de los recibos de haberes: el mínimo de información, indispensable para la imputación del pago, la admisión de agregados, cuando sean esclarecedores de las características de la contratación, así como la exclusión puntual, bajo sanción de nulidad, de la renuncia o finalización del contrato. Infiriendo que la ley es precisa, en el particular”.

Así, en el fallo se resolvió que deba anularse la sentencia y entrar al fondo del asunto.

En tal cometido, el TSJ indicó que la demandada dijo que la trabajadora renunció y que la dimisión le fue aceptada, pero después intimó “al tomar conocimiento de su estado de embarazo, en una maniobra desesperada, comprensible por esta parte pero no por ello alejada de la legalidad (sic)…” -memorial de contestación de la demanda-.

El Alto Cuerpo indicó que, en dicho cuadro de situación “no resultó controvertida la existencia de las intimaciones, las actuaciones administrativas ni el embarazo”, agregando que la empleadora centró su estrategia defensiva en la circunstancia que, como antes se indicara, no probó.

Seguidamente, la decisión valoró que la informativa de la Clínica Sanagec da cuenta de la historia clínica de la trabajadora, corroborando el parto. Asimismo, se añadió que el expediente acredita la denuncia de la trabajadora ante la autoridad de aplicación y que el inspector le entregó a la empresa las intimaciones enviadas por la reclamante.

En resumen, por lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía hacer lugar a la demanda en cuanto persigue el pago de los haberes de diciembre de 2013 y 21 días de enero de 2014; SAC y vacaciones proporcionales del año 2014 y la indemnización prevista en el art. 182 LCT.

Autos: "Luján Pamela Jacqueline c/ Kiczalus Hernán Danilo y Otro - Ordinario - Despido" Recurso Directo - 3236895, Trib. de origen: Cám. Trabajo Córdoba, Sala 7ª