Córdoba intima a la Nación por la deuda con presos federales

En el marco efervescente de la campaña electoral y la proximidad de las elecciones legislativas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba volverá a intimar a la Nación, pero esta vez por los fondos que la Nación debe por los presos federales que se encuentran alojados en las cárceles locales.
La notificación judicial acentúa la declarada disputa entre la administración de Schiaretti y los Kirchner, que semanas atrás también fue noticia con los planteos por las deudas del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y de la Caja de Jubilaciones.
En este caso, según confirmó a este diario el ministro de Justicia provincial, Luis Angulo, la carta documento por la deuda con los reclusos será remitida entre hoy y mañana a su par nacional, Aníbal Fernández, en reclamo de un monto exiguo -comparado con los reclamos mencionados en el párrafo anterior- por una suma que alcanza un total de $ 9.035.501.

El dinero exigido a la Nación ya fue solicitado, sin éxito -vía nota- el 18 de mayo último. En esa oportunidad, se requirió el pago de una deuda que data de septiembre del 2000 a diciembre del 2001, por la suma de $ 3.722.000, a lo que se agregó un total de $ 2.275.000 correspondiente al año 2006 y $ 3.051.000 del 2007, todo lo cual hace una suma que supera los 9 millones.

Reclusos

En Córdoba, el Servicio Penitenciario local tiene alojado en sus cárceles unos 5.640 internos, de los cuales 420 dependen de la órbita de la Justicia federal, la mayoría de ellos por delitos vinculados al narcotráfico.
Dado que la Nación no tiene establecimientos penitenciarios en Córdoba, los internos de federales son alojados en las cárceles provinciales, a cambio de un canon que el Estado nacional fija por cada uno de ellos.
Desde 2002, cada día de alojamiento de un interno federal quedó valuado en 37 pesos diarios, según indica la misiva enviada por el Estado Provincial y a la que accedió Comercio y Justicia.
Si bien en la nota anterior se solicitó “una urgente respuesta” al reclamo de fondos, teniendo en cuenta los “graves perjuicios ocasionados al Estado provincial”, la misiva nunca fue respondida por la cartera que conduce Aníbal Fernández, ni dinero alguno se remitió con destino a las arcas provinciales.

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