Córdoba es la jurisdicción con más condenas por trata con fines de explotación sexual

Las sentencias por este delito en el país suman 326 desde 2009, cuando se emitieron las primeras tres. En 2017 se registró el pico anual. En lo que va de este año se dictaron nueve decisorios

En lo que va de 2022 se dictaron nueve sentencias condenatorias por trata de personas con fines de explotación sexual. Así, suman 326 desde 2009.

Este dato surge del último relevamiento que hizo la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

El delito se incorporó al ordenamiento jurídico argentino mediante la sanción de la ley 26364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, en 2008, que además de la explotación sexual prevé la represión de las conductas con fines de explotación laboral.

La norma fue reformada en 2012 mediante la ley 26842.

En 2009 se registraron las primeras tres condenas por trata de personas con fines de explotación sexual. Al año siguiente, fueron 17; en 2011, 20; en 2012, 16; en 2013, 18; en 2014, 24; en 2015, 34 y en 2016, 31.

En 2017 se registró el pico de condenas anuales: 44. Al año siguiente fueron 39; en 2019, 28; en 2020, 16 y en 2021, 27.

En el micrositio de la Protex pueden consultarse las estadísticas globales de los casos de trata de personas (sexual y laboral) que llegaron a juicio, así como diferentes aspectos relacionados con los condenadas y las denuncias que receptó la línea gratuita 145.

De acuerdo con el relevamiento de la Protex, la jurisdicción federal con más sentencias condenatorias desde 2009 a la fecha es Córdoba, con 36. Le siguen Mar del Plata, con 34 ; Comodoro Rivadavia, con 32; Mendoza, con 31; Rosario y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 23 cada una; Paraná, con 22; Salta, con 17; San Martín y Tucumán, con 16; Resistencia, Bahía Blanca y General Roca, con 15; La Plata, 11, y Posadas y Corrientes, con 10 cada una.

Cooperación

Recientemente, Argentina y Chile crearon el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), a raíz de un caso transnacional de trata de personas.

Con ese fin suscribieron un acuerdo inédito: es la primera vez que ambos países se comprometen en tal magnitud.

La medida se concretó en línea con lo dispuesto por el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que, a su vez, se aplica al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres e infantes.

Las directoras del equipo serán, por parte de Argentina, Alejandra Mángano, cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 12; y por parte de Chile, Caroline Matamala, titular de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente.

El pedido para la conformación del ECI lo formuló el juez Julián Ercolini ante las autoridades de la Cancillería, al admitir un requerimiento promovido por Mángano, quien contó con la colaboración de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, a cargo de Diego Solernó.

El ECI intervendrá en un caso en el que se investiga el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en el cual se identificó una maniobra puntual, caracterizada por su desarrollo y comisión simultánea en los dos países.

Por este motivo, se consideró esencial la cooperación entre Argentina y Chile a fin de llevar a cabo una investigación más eficaz y rápida, sin las limitaciones que la frontera suele plantear.

Uno de los ejes fundamentales del ECI es la protección y salvaguarda de la vida e integridad física de las víctimas.

En ese contexto, sus autoridades tendrán la facultad de dirigir la investigación conjuntamente, diseñar estrategias y recabar evidencia de la misma manera que lo hacen diariamente en sus respectivos países.

Un ECI es un mecanismo de cooperación internacional que permite, por medio de un instrumento específico que se celebra entre autoridades competentes de dos o más Estados, conformar un marco de cooperación y coordinación estable en el tiempo para realizar investigaciones en el territorio de alguno o de todos los países participantes.

Cabe destacar que en julio pasado Argentina fue ubicada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas, junto a un grupo de 30 países -sobre un total de 188-.

En América Latina, comparte la calificación con Chile y Colombia.

El Informe Anual sobre Trata de Personas 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, clasifica los países en cuatro niveles según los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas.

En ese ranking, Argentina se ubicó nuevamente en el nivel 1, la máxima categoría.

En el capítulo referido al país, el documento señaló que “cumple cabalmente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”, y que “continuó demostrando esfuerzos serios y sostenidos durante el período del informe”, que consideró los efectos de la pandemia.

El relevamiento también elogió las capacitaciones a fiscales, agentes del orden público y funcionarios judiciales, en formatos virtual y presencial, y destacó los acuerdos de cooperación específicos para el tráfico con otros gobiernos de la región.

En tanto, propuso recomendaciones al país para el año que viene; entre ellas: fortalecer los esfuerzos para investigar, procesar y condenar a los tratantes; mejorar la asistencia a las víctimas e incluir más refugios especializados destinados a las víctimas masculinas.

También resaltó la importancia de imponer sanciones adecuadas; documentar y abordar la complicidad oficial y destinar financiación específica para combatir el delito.

Cabe recordar que este viernes 23 se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, fecha propuesta en el marco de la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, receptada durante la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

El 23 de septiembre fue elegido porque ese día, en 1913, el Senado argentino sancionó la ley 9143, la primera en el mundo en penar la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a los menores de edad.