Convalidan embargar a la Provincia para que un abogado cobre honorarios

El tribunal concluyó que el extenso plazo cumplido sin que la Administración -obligada al pago- cumpliera la condena en costas por una sentencia firme, ameritaba ratificar la cautelar [privado]

Al declarar abstracto el planteo de la inconstitucionalidad del artículo 68 de la ley 9086 (Ley de Administración Financiera de la Provincia de Córdoba), al haber pasado sobradamente los 30 días concedidos al Estado para que se expida sobre la forma en que abonará una sentencia firme, la Cámara 5ª en lo Civil y Comercial ordenó que se embargue a la deudora, condenándola asimismo por las costas originadas en la causa.

La decisión fue adoptada en el marco de una ejecución de honorarios profesionales y costas en contra de la Administración provincial, en la que el ejecutante planteó la inaplicabilidad e inconstitucionalidad de las leyes de emergencia provincial, atento el carácter alimentario de los honorarios.

En primera instancia, la jueza a quo admitió la ejecución en los términos del artículo 801 del Código Procesal Civil y Comercial (CPCC), pero rechazó el planteo sobre la inconstitucionalidad del ya referido artículo 68, ley 9086.

Ante la apelación del Estado, la cámara integrada por los vocales Rafael Aranda, Joaquín Fernando Ferrer y Claudia Elizabeth Zalazar analizó que, por decreto de fecha 01/02/2016, el tribunal de primera instancia ordenó el inicio del trámite de ejecución en los términos del artículo 801 CPCC, citando a la Provincia para que en el término de tres días opusiera excepciones y corriendo vista de la planilla formulada respectiva.

Liquidación

La alzada evaluó que por decreto de fecha 17/02/2016 se aprobó la liquidación presentada por el ejecutante, destacándose que de la planilla confeccionada por aquél a los fines del cobro de honorarios se corrió vista a la Dirección de Rentas, practicándose notificación al domicilio sito en calle Rivera Indarte Nº 650, Córdoba.

"Debe tenerse especialmente en cuenta que el título que se ejecuta es una regulación de honorarios, practicada en el mismo juicio en el que el Gobierno de la Provincia de Córdoba fue condenado en costas, por haberse admitido el incidente de perención de instancia".

Fundamento dado por la cámara.

Se añadió que, ante ello, comparecieron representantes de la Fiscalía Tributaria del Ministerio Finanzas, solicitando que, a fin de proceder al pago de los honorarios, el letrado demandante acompañara una nota con copia certificada de la sentencia dictada con constancia de su firmeza.

En razón de lo expuesto, la cámara sostuvo que no puede ignorarse que la notificación cursada en el domicilio de la actora resultaba un acto procesal idóneo para tener por acreditado el cumplimiento legal del recaudo del artículo 68 ley 9086, “en tanto importa, por sí mismo, requerimiento de pago al Estado Provincial en el domicilio de la Dirección de Rentas de la Provincia. Remarcando que, la demandada mediante el Fiscal Tributario Adjunto ante tal acto comparece dando respuesta al requerimiento de pago formulado por el ejecutante”.

De igual modo, la cámara remarcó que debe tenerse especialmente en cuenta que el título que se ejecuta es una regulación de honorarios, practicada en el mismo juicio en el que el Gobierno de la Provincia de Córdoba fue condenado en costas, por haberse admitido el incidente de perención de instancia.

Título

De ello, los vocales derivaron que se trata de un título causado, en cuya formación intervino la Provincia, habiendo quedado firme, consentida y ejecutoriada la condena en costas y liquidación de honorarios allí practicada en su contra.

Por lo tanto, bajo estas particulares circunstancias, la alzada consideró que la cuestión constitucional devino abstracta, atento a que se desprende de los presentes autos que la exigencia contenida en la norma bajo análisis “se encuentra satisfecha en razón de habérsele corrido vista de la planilla al domicilio de la actora y desde entonces hasta la fecha, no ha informado de qué manera y en qué plazo procederá a abonarla, de acuerdo a las previsiones presupuestarias de la ley respectiva (art. 68 Lp 9086)”.

Restricción

Así, el tribunal entendió que si bajo el amparo de estas normas la Administración ejecutada pretendía una restricción irrazonable e indefinida de los derechos del ejecutante, dicha pretensión configuraría una violación de derechos y garantías amparados por la Constitución nacional, debiendo el órgano jurisdiccional despachar las medidas necesarias para el cumplimiento oportuno y justo del pronunciamiento.

En consecuencia, en el fallo se remarcó que siendo que de autos surge que desde el mes de febrero del 2016 y hasta la fecha la Administración no se ha expedido ni comunicado sobre la forma y tiempo de pago en que cumpliría la condena, estando obligada a hacerlo y pese al vencimiento del plazo legal, “queda evidente que este proceder estatal deviene francamente arbitrario e ilegal”.

En conclusión, en el decisorio se resolvió que resulta procedente el despacho de toda medida cautelar destinada al cumplimiento forzado de la sentencia.

Autos: "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ESTABLECIMIENTO FIVE SOCIEDAD ANÓNIMA AGROPECUARIA Y FORESTAL - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL EXPTE. 5025595"