Los empleados no descartan una paro de actividades. El Tribunal Superior de Justicia pidió al Gobierno que se devuelva a los trabajadores el porcentaje de aumento no liquidado en octubre pasado. Esta semana se decidirá la fecha de la asamblea extraordinaria que podría derivar en medidas de fuerza
Las asambleas informativas en el Poder Judicial de Córdoba continuarán esta semana y podrían ser la antesala de una medida de fuerza si los empleados no encuentran eco al reclamo por el recorte salarial sufrido en octubre pasado.
Al reanudarse la actividad judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) firmó una acordada pidiendo al Gobierno de la provincia que gire los fondos correspondientes al último aumento salarial, que no fue liquidado parcialmente a los empleados por falta de fondos presupuestarios.
Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) otorgó a sus empleados 12 por ciento de aumento. Dicha suma quedó reducida a 8,3 por ciento para los judiciales de Córdoba, que por una acordada del Tribunal Superior quedaron “atados” a los mismos aumentos que sus pares federales.
En diálogo con Comercio y Justicia, Federico Cortelletti , titular de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (AGEPJ), indicó que pese a las reuniones mantenidas con la Administración del Poder Judicial aún no hay novedades respecto de cuándo les devolverán el recorte que sufrieron los salarios.
En ese marco, los empleados se declararon en alerta y movilización y no descartan un paro de actividades. Durante toda la semana se realizaron asambleas informativas en todos los tribunales y el pasado viernes hubo una reunión del Consejo Consultivo del interior. Para esta semana, se fijará fecha para concretar una asamblea extraordinaria y allí se analizarán los pasos a seguir.
El sistema salarial, en riesgo
Cortelletti advirtió que, de mantenerse el recorte, “se cae el sistema salarial” que fue aplicado por acordada durante estos años en la justicia cordobesa.
Los judiciales quedaron fuera de la pauta de los empleados de la provincia -en una solución salomónica que encontró el TSJ- ante los reclamos de los empleados que desde hace años reclaman sentarse a negociar sus propios salarios en una mesa paritaria- y luego de la brecha que generó la sanción de la ley de equiparación salarial que consiguieron los magistrados provinciales que les permitió “enganchar” 90% sus salarios con sus pares federales.
Un discutido sistema salarial
– En diciembre de 2009, la Legislatura de Córdoba aprobó equiparar los salarios de los jueces provinciales con sus paredes federales. Los aumentos se otorgaron de manera escalonados hasta alcanzar 90%.
– La brecha salarial entre empleados y magistrados motivó el reclamo de los judiciales, quienes pidieron quedar fuera de la pauta salarial de los empleados públicos, en un intento por mejorar sus remuneraciones. Ante este panorama, el Tribunal Superior de Justicia firmó una acordada que fijó para sus empleados una política similar a la dispuesta por la Corte Suprema de Justicia.
– La acordada fue cumplida a rajatabla por la Provincia hasta octubre del año pasado, fecha en la cual se dispuso otorgar sólo parcialmente el último aumento que la Corte aplicó a su planta de personal.
