Consideraron que fue trata una unión de hecho dentro de la comunidad gitana

El encausado fue condenado a 10 años de prisión. Captó a la menor de 14 años a cambio de 50 mil pesos. Les entregó el dinero a los familiares de la adolescente, en Comodoro Rivadavia. La víctima fue madre dos veces

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a 10 años de prisión a Miguel Ángel Aramayo, un integrante de la comunidad gitana, al considerar como trata una unión de hecho forzada, triplemente agravada por la vulnerabilidad de la víctima, por tratarse de una menor y por haberse consumado la explotación.

Los fundamentos de la sentencia dictada por la jueza Eliana Rattá de Rivasse se conocerán el día 29 próximo.

La magistrada hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Maldonado, quien había solicitado además anular las partidas de nacimiento de las dos hijas que la víctima tuvo con su captor y confeccionar nuevos documentos tanto para las niñas como para la madre.

Aramayo fue responsabilizado también por otros delitos, en concurso real, ya que durante el juicio se probó que cuando su víctima estaba por dar a luz a la primera de sus dos hijas, a los 15 años, participó de la maniobra para crearle un DNI con nombre y fecha de nacimiento falsos , con lo que hizo incierto o adulteró su estado civil, además de cometer el ilícito de falsedad ideológica de documento público.

En su alegato, el fiscal destacó que el MPF “ha advertido de manera llamativa y preocupante el hecho de considerar con absoluta normalidad una práctica cultural que erige a una niña, y específicamente a las mujeres, como un objeto susceptible de tener un valor económico o de cambio”.

Durante el debate, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) señaló que en el caso se investigó “una práctica bastante difundida en ciertos grupos culturales, que recogen una antigua tradición de matrimonios o uniones de hecho forzosos, como lo es la comunidad gitana, a la que pertenecía la víctima”.

En su alegato, Maldonado destacó que en este tipo de situaciones “se somete a las mujeres a prácticas patriarcales que esconden los privilegios masculinos, pretendiendo escudarse tras el velo de la cultura”.

Acusación

De acuerdo con la acusación, Aramayo captó a quien fue su cónyuge cuando tenía 14 años y vivía en Comodoro Rivadavia, Chubut.

En ese contexto, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la adolescente en razón de su corta edad, su escaso nivel de educación, su género y por formar parte de una comunidad gitana, logró atraerla.

Para ello, Raúl Aramayo, padre del condenado (imputado en la causa y fallecido el año pasado), le pagó a la familia de la víctima la suma de 50 mil pesos para forzar a la niña a tener una unión de hecho con su hijo.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la provincia de San Juan, donde fue madre por primera vez, a los 15 años.

Según se estableció, fue sometida a numerosos episodios de violencia física y verbal tanto por Aramayo como por otros miembros de su entorno. Además, no se le permitió tener contacto alguno con su familia de origen, no poseía teléfono celular, no disponía de dinero y no contaba con documentación personal propia ni la de sus hijas.

La joven logró escapar, sin resultado positivo, en reiteradas ocasiones, hasta que en diciembre de 2016 consiguió la ayuda de un vecino, quien contactó a sus familiares a través de la red social Facebook.

Los vecinos del lugar corroboraron ante el Equipo Técnico del Programa de Rescate y Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata que la joven no salía de su casa, que sólo se le permitía hacer compras con una sola de sus hijas y que en varias oportunidades fue golpeada e insultada por integrantes de la familia de Aramayo.

Para el fiscal Maldonado, en la causa se acreditaron “de forma categórica” la violencia física y psicológica y la restricción de libertad ambulatoria que Aramayo ejerció sobre la niña, forzándola a mantener una unión de hecho.

El fiscal destacó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) “ha advertido de manera llamativa y preocupante el hecho de considerar con absoluta normalidad una práctica cultural que erige a una niña, y específicamente a las mujeres, como un objeto susceptible de tener un valor económico o de cambio”.

En esa línea, Maldonado subrayó que, si bien el artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de todos los habitantes a profesar libremente su culto, encuentra su límite “cuando entra en colisión con otros derechos humanos igualmente reconocidos, cuyas prácticas nocivas pueden causar graves violaciones que afecten a mujeres, niños, y sobre todo niñas, encontrándose el Estado obligado a garantizarlos frente a la comunidad internacional”.

Dada la adulteración de identidad a la que fue sometida la damnificada, Maldonado pidió se considere que también se le alteró la identidad a las dos hijas que tuvo con su captor, ya que la firma que figura disponible en ambas partidas de nacimiento es la de Aramayo.