Su presidente, Enzo Pagani, reiteró que los empleados conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad y sus derechos previsionales. Además, dijo que hay que valorar la autonomía del Poder Judicial de la ciudad.
En el marco de la polémica por el traspaso de tribunales de la órbita nacional a la Capital Federal, y aunque las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) les dieron garantías de estabilidad laboral y salarial a los agentes que sean cambiados de jurisdicción, hace una semana los tabajadores judiciales realizaron un paro parcial con movilización.
El gremio que lidera Julio Piumato denunció mediante un documento un “intento del Gobierno nacional de avanzar sobre la independencia de uno de los tres poderes del Estado y la colonización de los estrados judiciales”.
Además, denunció que hay un “plan económico” que “apunta a reducir los costos laborales y a aumentar el desempleo como factor de disciplinamiento social”.
La medida impicó el lanzamiento del “plan de lucha” convocado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
No obstante, el presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani, afirmó que “los empleados y funcionarios judiciales nacionales que formen parte de la transferencia al Poder Judicial de la ciudad conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad y sus derechos previsionales”.
Y dijo: “Resulta engañoso hablar sobre los riesgos que conllevaría el traspaso para esos trabajadores”.
Falacia
En tanto, Pagani desestimó las advertencias gremiales y, entre otros argumentos, sostuvo que la obra social actual de los empleados de la CABA es la misma que la utilizada por los empleados de la Justicia nacional, estimando que, por ello, “es una falacia decir que existe una cobertura médica mejor para los trabajadores de una u otra jurisdicción”.
También dessestimó que haya un intento de “limitar” la independencia de los jueces. “Se trata del valor de la autonomía del Poder Judicial de la ciudad que debe ser reivindicado, garantizando los derechos de los porteños como de los ciudadanos de todas las provincias”, señaló.
Además, descartó que haya un intento del Gobierno nacional de avanzar sobre la justicia independiente, como esgrimen sectores sindicales.
Cabe recordar que el 19 de enero, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron los convenios para la transferencia de parte de la Justicia nacional a la órbita porteña.
El gremio judicial se opuso desde un primer momento y argumenta que los salarios en la Justicia porteña están 20 por ciento por debajo, que el horario laboral es más extenso y que no existen ingreso democrático ni la carrera judicial. Los convenios interjurisdiccionales de trasferencia en materia penal y en las relaciones de consumo a la órbita de la CABA deberán ser ratificados por la Legislatura porteña y por el Congreso Nacional y comenzarán a ser estudiados hoy, ni bien los cuerpos deliberativos abran las sesiones.
Proyecto
El proyecto prevé el traspaso de ocho juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional que actualmente están vacantes y dos juzgados de Menores, 18 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, dos juzgados nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que actúan ante ellos. La medida incluye, además, la incorporación del fuero del Consumo y del Registro de la Propiedad Inmueble.
Herramientas de evaluación
Macri ya expresó su confianza en que tanto la Legislatura porteña como el Congreso Nacional ratifiquen el convenio y sostuvo que “la Justicia también tiene que tener herramientas de evaluación para tener resultados y para que las causas no se dilaten”.
En ese sentido, puso como ejemplo de los déficits en el área la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que casi no logró avances a dos años de comenzada la instrucción.
En tanto, Rodríguez Larreta afirmó que la modificación servirá para darle “más seguridad a la gente” y que la medida “va de la mano” con el traspaso que ya se realizó con la policía. “Tiene lógica que una vez concretado el paso histórico de la policía se haga el de la Justicia. Es fundamental para la seguridad el trabajo mancomunado”, manifestó.
Las quejas
– El gremio judicial se opuso desde un primer momento a la medida. Entre otras quejas, argumenta que los salarios en la Justicia porteña están 20 % por debajo, que el horario laboral es más extenso y que no existen ingreso democrático ni carrera judicial. Además, denuncia que hay un “plan económico” que apunta a reducir los costos laborales” y que el traspaso es un “intento del Gobierno nacional de avanzar sobre la independencia”.
