Consejo de la Magistratura: abogados señalan dificultades para elegir a nuevos miembros del estamento

Según el representante de los jueces, Alberto Lugones, la Corte Suprema “se equivocó” porque el plazo de 120 días que fijó plantea problemas para que se celebren elecciones entre letrados. El caso de los magistrados y académicos es más simple

El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) está trabajando para consensuar un reglamento para que los abogados de todo el país (matrícula federal e interior) elijan a sus nuevos representantes, tal como dispuso la Corte Suprema de Justicia en el fallo que declaró inconstitucional la composición del organismo y le ordenó volver a un esquema de 20 miembros.

Según el representante de los jueces, Alberto Lugones, la Máxima Instancia “se equivocó” porque el plazo de 120 días que fijó plantea dificultades para que se celebren elecciones (entre letrados, jueces y académicos).

Cabe recordar que, en una audiencia con el consejo, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) apuntaron a problemas para desarrollar comicios.

Al respecto, consignaron que se trata de casi 200 mil profesionales del derecho de todo el país y destacaron que la selección debería llevarse a cabo en menos de cuatro meses.

Por lo pronto, el CMN decide los pasos a seguir luego de la decisión de la Corte, que dispuso que para mediados de abril deberá haber vuelto a su composición previa a 2006.

A diferencia de los abogados, los jueces calculan una base de electores cercana al millar, que estiman permitirá una elección ágil y un escrutinio relativamente sencillo en comparación al recuento que deberán enfrentar los letrados particulares, quienes tuvieron una asistencia de 25 mil profesionales en la última elección del consejo.

El comicio de los académicos será el más sencillo.

Planificación

La planificación que se está definiendo podrá modificarse si el Congreso sanciona antes del 15 de abril una ley que disponga la integración del CMN en atención al principio de equilibrio entre estamentos.

El Gobierno prepara su propio proyecto, que podría enviar al Legislativo luego de convocar a sesiones extraordinarias.

Hasta ahora, la primera iniciativa la presentó el titular del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri -el miércoles pasado-, quien propuso volver a la composición de un representante del Poder Ejecutivo; cuatro diputados y cuatro senadores (de los cuales cada cámara del Congreso debe elegir a dos integrantes por la primera minoría, a uno por la segunda fuerza y a otro por la tercera); cuatro abogados (dos por la matrícula federal y dos por el interior); cuatro jueces, con idéntico criterio; dos representantes académicos de facultades de Derecho; un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte (en este momento, Horacio Rosatti).

El articulado de Negri apenas difiere del formato del CMN previo a la reforma de 2006.

Inconstitucionalidad de la ley 26080

El 16 de diciembre pasado, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la ley 26080, que redujo de 20 a 13 miembros la integración del CMN.

La modificación, que aumentó la representación política en el organismo, fue promovida en 2006 por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. A partir de la reforma, el CMN funcionó compuesto por tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría y dos de la minoría, un académico y un representante del Ejecutivo, conformación que complicó nombramientos de magistrados de la Nación y condujo al actual panorama de vacancias.

El Alto Tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el gobierno que integra la actual vicepresidente en 2015, confirmó una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo y exhortó al Congreso Nacional a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el CMN.

No predominio

Los cuatro ministros coincidieron al señalar que la ley 26080 es inconstitucional porque hay una “demostración concluyente” de que a lo largo de 16 años de vigencia se quebró “la regla de no predominio” y que, por ello, surgieron “falencias que ponen seriamente en riesgo la independencia del Poder Judicial”.

“La noción de equilibrio significa ausencia de predominio, de manera que ningún sector cuente con una cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica respecto del conjunto o controlar por sí mismo el cuerpo”, enfatizaron.

En esa línea, reseñaron que aunque el CMN tuvo “diferentes composiciones y muchos esfuerzos personales de los consejeros”, el diseño institucional conspiró e hizo que sus propósitos se frustraran.

Bajo esa premisa, concluyeron que se demostró que a lo largo de los últimos años hubo “falta de cobertura de cargos importantes” por ausencia de acuerdos, situación que persiste a la fecha. “Han sido públicas las disputas políticas que originaron esta parálisis con gran desmedro del funcionamiento del Poder Judicial”, añadieron.

En otro tramo de su decisorio, la Máxima Instancia recordó que la selección de magistrados motivó “fuertes críticas por parte de las asociaciones profesionales”, al alterar el orden de las listas, con apartamiento de las calificaciones. “La administración ha variado constantemente por la intervención de distintos sectores, lo que ha motivado la parálisis de obras, el atraso en numerosos proyectos y una crisis de funcionamiento de todo el Poder Judicial”, acotó. “Está claro que siempre hubo un poder de veto, de predominio, de un sector sobre otro, aunque fueron cambiando los roles”, afirmó también.

La Corte dijo que es “evidente” que la ley diseñó un sistema parlamentario para funciones que son ejecutivas, lo que facilitó el “poder de veto o predominio”, y valoró que las deficiencias de la normativa impulsada por la actual Vicepresidente no son imputables a un sector en particular sino al texto de la manda. Por eso, concluyó que la ley debe ser modificada por contrariar criterios constitucionales.

Lorenzetti

Si bien los cuatro vocales de la Corte declararon inconstitucional la norma, a diferencia de sus colegas Ricardo Lorenzetti opinó que la ley anterior (24937) no puede ser restituida porque está derogada.

Argumentó que imponer su aplicación no sólo afecta la seguridad jurídica sino que además implica que la Corte se arrogue facultades legislativas. “No hay precedentes en el derecho argentino ni antecedentes en el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad de Estados Unidos, sobre cuyo modelo se construyó nuestro sistema en el siglo XIX a partir del caso ‘Marbury vs Madison”, escribió.

La ley 24937, derogada hace más de 15 años, dispone que el Consejo de la Magistratura de la Nación sea conformado por el presidente de la Corte; cuatro jueces; ocho legisladores; cuatro abogados; un representante del Ejecutivo y dos del ámbito académico.