Conflicto mapuche: la Corte Suprema de Chile le ordenó al Ejecutivo que tome medidas

La decisión surgió en respuesta a los recursos de protección presentados por más de 70 víctimas. El fallo trascendió luego de que el presidente Piñera anunció la extensión del estado de emergencia en las zonas de la Araucanía y Biobío

En Chile, la Tercera Sala de la Corte Suprema le ordenó al Poder Ejecutivo, encabezado por Sebastián Piñera, y a las autoridades de tres regiones ubicadas en el sur del país, que coordinen e implementen “un plan de protección en contra de la violencia rural”, para prevenir nuevos ataques de grupos mapuches.

El fallo trascendió luego de que el primer mandatario anunció la extensión del estado de emergencia y la militarización en las zonas de la Araucanía y Biobío, fundada en los “graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado” durante las últimas semanas.

La decisión del máximo tribunal de justicia chileno ocurrió en respuesta a seis recursos de protección presentados por 78 víctimas.

A su turno, los abogados de los damnificados denunciaron que los actos violentos son “crímenes de lesa humanidad” ya que involucran el “traslado forzoso” de personas.

Concretamente, los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco y Adelita Ravanales reclamaron que se pongan en marcha acciones coordinadas y “conducentes a la implementación de un plan que entregue una protección eficiente e integral de la población de las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, afectadas por la denominada “violencia rural” que impacta en grupos vulnerables.

El recrudecimiento del conflicto mapuche en Chile comenzó poco antes de la escalada de incendios y actos vandálicos en Chubut, Río Negro y Neuquén. Cabe recordar que la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, denunció ante la Justicia federal el ataque incendiario al Club Andino Pitiquitrón, de El Bolsón, como un “delito de terrorismo”, y solicitó la ayuda de fuerzas la Nación.

En su decisorio, los magistrados establecieron que es un “hecho conocido” que se registraron “sucesos vinculados al uso de fuerza o poder físico en contra de personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, fenómeno que denominaron “violencia rural” y no terrorismo, como hizo el jefe de Estado.

También reseñaron que se implementaron “medidas tendientes a precaver y aminorar las consecuencias padecidas por víctimas” que, según juzgaron, no se acataron adecuadamente. “Las acciones estatales han sido arbitrarias por insuficientes”, enfatizaron.

Bajo esa premisa, les exigieron “mayor diligencia” a las autoridades y la adopción de “medidas tempranas”.

Según los jueces, “el incumplimiento” de los funcionarios de su “obligación de garantizar el orden y la seguridad pública interior” es “sistemático”.

En su decisorio, los magistrados establecieron que es un “hecho conocido” que se registraron “sucesos vinculados al uso de fuerza o poder físico en contra de personas o grupos de ellas en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos”, un fenómeno que denominaron “violencia rural” y no terrorismo, como hizo el jefe de Estado.

“En términos generales, se denuncia que las autoridades recurridas han omitido la adopción de acciones concretas que inhiban la ejecución permanente de hechos de violencia en contra de los recurrentes, en desmedro no sólo de su integridad física y psicológica sino también en menoscabo de su derecho de propiedad sobre diversas especies, vulnerando de ese modo las garantías constitucionales consagradas”, enfatizaron.

Entre otros hechos violentos, citaron el que concretó un grupo de mapuches encapuchados, aparentemente vinculado a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), durante la madrugada del 13 de diciembre de 2020, que prendió fuego dos cabañas del sector El Natri, así como un “gran número de ataques incendiarios de similares características que se contabilizan en la zona del lago Lanalhue en los últimos años contra la población civil que reside de forma permanente o temporal en la zona”.

Contexto

La Corte subrayó que los atentados crearon un contexto que forzó a la población a abandonar el territorio del lago Lanalhue “frente a la amenaza de poder ser víctimas de un atentado contra su vida, su integridad física o su lugar de residencia, o a tener que vivir en el lugar bajo la amenaza diaria y latente de ser la próxima víctima de dichos ataques”.

En tanto, indicó que las autoridades responsables “en ningún caso pueden perder de vista la problemática social, económica y espiritual” que se genera a partir de la reiterada ejecución de acciones violentas; en especial, si se considera que “sus efectos nocivos repercuten de manera transversal en la sociedad, pero indudablemente con mayor dureza en los grupos más vulnerables”.

En esa línea, aseguró que la actuación de aquéllas desatendió “la necesidad imperiosa” de adoptar tempranamente medidas eficaces para evitar las consecuencias perniciosas que soportó “un grupo específico de los habitantes de la nación a causa del particular conflicto desarrollado”.

“En este asunto se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la igualdad ante la ley”, resaltó.

Desde hace una década y media, la violencia protagonizada por grupos mapuches en la zona sur de Chile viene en aumento. En la Patagonia argentina ocurre lo mismo desde hace varios años.